La reciente sentencia del Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos, Koldo y Aldama por una trama relacionada con contratos de mascarillas durante la pandemia. En el caso de Ábalos y Koldo, las penas son especialmente elevadas, mientras que Aldama recibe una menor por su colaboración con la Justicia. Ese reparto de castigos ya contiene una pequeña sociología del poder que hace del chivato y corruptor un atenuante de la acción penal. Hay nombres que parecen escritos para la crónica costumbrista, conversaciones que suenan a pasillo ministerial, favores mal explicados y personajes secundarios que, de pronto, ocupan el centro. Bajo esa superficie casi cómica hay una cuestión más seria: el uso de recursos públicos, la confianza en las instituciones y la facilidad con la que una emergencia puede convertirse en oportunidad privada. Por eso mismo lo más interesante del caso no es la corrupción, y que ya la propia justicia no esconde, con sus urgencias y su incapacidad para aplicar el mismo rasero a todos (desde la Kitchen a las cosas del no-vio de Ayuso), sino su gramática. “Koldo” ya no es únicamente un nombre propio, se ha convertido en una etiqueta, en una abreviatura, con la que nombrar al asesor, al intermediario, al amiguete, al que conoce a alguien, al que puede llamar, al que abre una puerta que oficialmente no existe.