El Fiscal en la encrucijada

Vaya por delante mi absoluto respeto a la presunción de inocencia de García Ortiz mientras no sea condenado por sentencia firme; no obstante, mi estupor desborda cualquier límite ante la actuación de la institución que encarna que en el ejercicio de sus funciones reveló el secreto —correo electrónico— del defensor de un acusado sometido a investigación. Que un juez del Tribunal Supremo haya ordenado la inédita entrada y registro en el despacho del Fiscal General y la incautación de su móvil y dispositivos electrónicos, revela la clara apariencia de delito de los hechos investigados y su extrema gravedad respecto del derecho de defensa. Cuantos intervienen en la administración de justicia deben actuar con independencia y respeto a todas las garantías procesales; en el caso del fiscal esta exigencia ha de ser modélica, porque sustenta la última garantía del Estado de Derecho, de modo que, sin su eficaz defensa, los derechos fundamentales y su tutela efectiva en los Tribunales es ilusoria. Nuestros jueces y ordenamiento jurídico garantizan plenamente la defensa quienquiera que la precise e impide su conculcación, lo que por suerte también tiene asegurada en su persona el propio fiscal.