El dilema de las pensiones

Instalados como estamos en el estado del bienestar, uno de cuyos logros son unas pensiones dignas y una jubilación en edad todavía de disfrutar del tiempo libre bien ganado después de tantos años de trabajo, se nos hace difícil cualquier retroceso en ese sentido. Sin embargo cada época tiene sus propias circunstancias y conviene analizarlas y hacer los cambios necesarios para que el sistema sea sostenible no solo en el inmediato presente sino para las futuras generaciones. De momento hay cosas que no parecen alumbradas por la lógica. Sin irnos a honorarios de político, que a una chica de clase media, aun afortunada por tener trabajo pero con necesidades de crianza de hijos, atender hipoteca creciente y demás de su edad, se la haya subido el sueldo un 4% y esté sosteniendo con sus cotizaciones que un señor, jubilado y sin esas necesidades, cobre una pensión de mil euros más, no cabe en la cabeza ni siquiera de ese señor si es razonable. Ni uno ni otro ven lógico que el Gobierno dispare el gasto con la subida lineal de pensiones al 8% en la coyuntura de inflación sostenida que vivimos. Si a eso se añade que venimos arrastrando un paro estructural de casi el 13%, y sobre todo la inversión que se está produciendo en la pirámide de población activa-pasiva por la tendencia al envejecimiento debido al aumento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de natalidad, nos sitúa en el actual déficit contributivo al alza de la Seguridad Social. Se hacía precisa la reforma del sistema abordada por el ministro Escrivá y recientemente aprobada para evitar su quiebra. Ojalá fuera suficiente. Pero desde la lógica de que no puede ser que menos trabajadores paguen a más pensionistas, creo que no se ha hecho con la debida profundidad. A ningún político le gustaría pasar a la historia como el que recortó las pensiones y aumentó la edad de jubilación en dos o tres años más. Y sin embargo la situación nos conduce a ello. Esto, como tantas otras cosas en España, requiere el diálogo social y entre los grandes partidos políticos apoyados en expertos. Así el mal trago se vería como producto de la razón y el consenso. Y la amargura de unas medidas tan impopulares se repartiría por igual.