Desalojo de okupas

    04 feb 2025 / 08:59 H.
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    Llevamos cumplidos 46 años de democracia y de vigencia de la Constitución de 1978 y, al día de hoy, sigue sin resolverse el problema de la okupación ilegal de viviendas. Recordemos que el artículo 33 de nuestra Carta Magna establece que: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”, especificándose en el 33.3 que: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Es verdad que el pasado 14 de noviembre se aprobó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) que nos puede poner en el camino de la resolución de este problema, como también es cierto que aún no ha concluido su tramitación parlamentaria y que, consecuentemente, no está en vigor. Me permitirán que tenga mis reservas, tal y como está el “patio” de las alianzas y de las mayorías. Según datos del Ministerio del Interior, durante los últimos 5 años se han registrado alrededor de 91.000 denuncias por okupación ilegal de viviendas. Consiguientemente, no se puede alegar que este sea un problema menor, ni que no constituya un tema de preocupación social.

    El Diccionario de la Lengua Española de la RAE especifica que okupa es una abreviatura o acortamiento del término ocupante y señala que el escribirlo con la letra “k” refleja una voluntad de transgresión de las normas ortográficas. En su primera acepción establece que se trata de un movimiento radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados. A partir de aquí se ha de aclarar que, de aprobarse finalmente la reforma de la LEC, los casos de okupación serán considerados delitos penales. Ahora bien, hay que diferenciar el “allanamiento de morada”, que será tratado como tal cuando la vivienda se encuentre habitada, de la “usurpación”, cuya calificación corresponderá a los casos de viviendas no habitadas.

    No cabe duda de que en España se viene siendo bastante permisivo con los okupas, puesto que solo se les puede desalojar con una orden judicial si ya han transcurrido 48 horas desde la okupación. Volvamos a la Constitución, en concreto al artículo 18, el cual establece que: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en el caso de flagrante delito”. Pues bien, cuando pasa este plazo de 48 horas los okupas adquieren una serie de derechos: a) Derecho a considerar el inmueble como su residencia habitual en cuanto cambien la cerradura. De forma inmediata suelen pedir comida a domicilio o comprar por internet para acreditar que viven en la vivienda “okupada”; b) Derecho a la intimidad y a la privacidad; c) Derecho a no ser desalojados sin una orden judicial, salvo en las primeras 48 horas en que se considera delito flagrante; d) Derecho a disfrutar de los suministros —agua, luz, gas—, aunque sean abonados por el propietario, que tendrá la obligación de seguir haciéndolo. ¡Alucinante! Confieso que escapa a mi comprensión de ser racional.

    La reforma legislativa que previsiblemente podría entrar en vigor en los primeros meses de 2025, salvo sorpresas de última hora a las que ya estamos acostumbrados, contempla los denominados “desalojos exprés”, con lo que la expulsión de los okupas podrá ejecutarse en un plazo de 48 horas tras la denuncia, siempre que se acredite la propiedad del inmueble. Hasta ahora los procedimientos judiciales se vienen demorando meses y hasta años en algunos casos.

    Que en España y en muchos otros países existe un grave problema de acceso a la vivienda —en propiedad o en alquiler—, no me cabe la menor duda, pero permitir que los españoles “disfruten de una vivienda digna y adecuada”, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución, corresponde a los poderes públicos, pero nunca a costa de violentar la propiedad privada, como ocurre en el caso de los okupas o en los desahucios por impago del alquiler. En 46 años, con gobiernos de uno y otro color, no se ha sabido o querido resolver este problema.

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