Demócratas y patriotas

    03 may 2025 / 09:05 H.
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    No es necesario ser un experto jurista para hablar sobre aquellas decisiones, opiniones y actos de nuestros políticos que son totalmente incompatibles con la democracia y el respeto a las leyes. Lo sucedido en los últimos días me tiene sorprendido y preocupado, aunque también me he reído bastante con ese patriotismo y esos patriotas tan divertidos y a la par tan entretenidos que no paran de proliferar en nuestro país.

    Decía hace unos días nuestro presidente del Gobierno que, sin tener una mayoría asegurada, sería una pérdida de tiempo presentar unos presupuestos. Pero como ciudadanos sabemos que la Constitución, en su artículo 143.3, expresa un mandato explícito según el cual hay que presentar el Proyecto de Presupuestos, y si no se aprueban, el Gobierno debe seguir peleando por mantener lo mejor que pueda el proyecto que quiere llevar a cabo. Miedo me da cuando los que yo suponía que mejorarían la calidad democrática de nuestro país se dedican a desmoronar los principios que rigen nuestra democracia e incentivan el crecimiento de la extrema derecha con su desprecio a las instituciones democráticas y a las ideas progresistas. Supongo que habrá en su día un pronunciamiento legal del Tribunal Constitucional al respecto. Con todo esto me asaltan dudas, ya que no encuentro en nuestra Constitución nada que me indique que la elección de estos magistrados deba responder a cuotas de partido ni a mayorías cualificadas que sirvan para poder repartirse los puestos en función de resultados electorales superiores. Al parecer es como el PP y el PSOE han ido conformando esta magistratura. Aunque con respecto a esto supedito mi opinión y mis dudas a cualquier opinión que tenga un criterio más fundado que el mío.

    Igual de aberrante me parece que toda una vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, entre otros cargos, diga que es una vergüenza que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer. Nuestra Constitución establece en su artículo 24 que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. No hay por dónde coger este argumento de nuestra ministra, ni se sostiene por el sentido común, ni por la experiencia de la naturaleza humana o social y es solo una expresión vehemente y sectaria opuesta a cualquier principio democrático o racional. No se puede construir una base sólida en la lucha por la igualdad destruyendo los principios básicos de la ley, de la convivencia y del sentido común. Declaraciones como esa solo echan gasolina a la expansión del incendio de la extrema derecha y avivan y estimulan su argumentario igual de sectario y antidemocrático.

    Estos últimos días también han estado llenos de descubrimientos insólitos y de un patriotismo divertido y entretenido. Cuando Trump revocó el permiso para que Repsol exportara petróleo de Venezuela y proclamó que impedirá que esta empresa invierta en nuevos yacimientos en este país, pudimos descubrir que esta empresa era española. Aunque, según sus propios datos, la procedencia y los porcentajes de sus accionistas son los siguientes: Estados Unidos (33%), Reino Unido (24%), Francia (12%), Alemania (5%), España (5%), resto de Europa (12%) y resto del mundo (9%). Feijóo y Sánchez, como buenos patriotas, han salido a la palestra para defender a esta empresa, ambos con los mismos argumentos patrióticos e insistieron en que van a defender nuestros intereses, los intereses de esta empresa y de cualquier empresa española. Se les ha olvidado que Repsol es cualquier cosa menos una empresa española, pero cualquier cosa es buena para mostrarse más patriotas que otros patriotas de hojalata. Y se les ha olvidado que esa empresa no es española desde que sus respectivos partidos, presididos en su momento por Felipe González y por Aznar, la vendieron al capital extranjero. Estos dos partidos y sus patriotas decidieron que esa empresa iba a dejar de ser propiedad de los españoles y la malvendieron a cambio de unas menudencias para los españoles y a cambio de millonarios sueldos y prebendas para exministros y altos cargos de estos partidos y del PNV.

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