El reciente informe Dedómetro Andalucía 2026, publicado por la Fundación Hay Derecho, vuelve a señalar una lacra histórica de nuestra tierra, la alarmante politización de las instituciones públicas. Lejos del partidismo habitual, el estudio destaca por su rigurosa objetividad técnica, analizando con alcance masivo nada menos que a 153 directivos y 40 entidades públicas a lo largo de 26 años y 6 legislaturas distintas. Con una preocupante nota media de 5,4 sobre 10 en mérito y capacidad, y con un sueldo promedio de 70.000 euros anuales costeado por el contribuyente, se evidencia que el amiguismo y la fidelidad siguen ganando la partida a la idoneidad profesional. En Andalucía y de forma muy sensible en una provincia como Jaén, la regla general continúa siendo la ausencia de requisitos técnicos específicos para dirigir entidades con presupuestos millonarios. El carné político sigue pesando más que la experiencia de gestión. No se trata de negar la potestad para nombrar equipos, sino de exigir que quienes dirijan tengan la formación adecuada. Si aspiramos a una regeneración institucional duradera, la endémica dedocracia debe dejar paso a procesos basados rigurosamente en el mérito real.