Ciudadanía y política
En el ámbito de las nuevas formas de las decisiones políticas, lo más característico es la incertidumbre que embarga al ciudadano ante la dificultad que encuentra de delegar su voluntad en órganos con capacidad de dar respuestas. Sin embargo no por ello desaparece el poder de la nueva sociedad sino que se desempeña en un nuevo ámbito: allí donde los ciudadanos encuentran déficits estructurales para la pervivencia de su entorno, de su medio social. La política se transforma de este modo en asunto de gestión de la propia ciudadanía, tomando decisiones para lograr sus fines. Pero ¿se están tomando las decisiones adecuadas y por las personas idóneas? En un momento como el actual en el que vivimos en la incertidumbre sobre qué va a pasar en el ámbito sanitario, en el económico y en el sociopolítico, la ciudadanía gira su foco de atención hacia la clase política y en una mirada caleidoscópica advierte cosas que no le gustan de las decisiones que toman los gobernantes de cualquier signo político.
Ante esta situación cabría plantearse el análisis de varios elementos. En primer lugar, las relaciones entre la ciudadanía y la clase política tienen un escalón inicial que tiene que ver con el concepto de democracia, entendida como un conjunto de reglas que permiten establecer qué personas están autorizadas para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos aceptados por la ciudadanía. Desde una visión restringida la democracia pone todo su énfasis en los procesos electorales (electoralismo) y desde una visión más amplia deberá ponerlo en la participación y en el derecho de la ciudadanía a canalizar sus demandas y esperar respuestas a las mismas. Nuestros representantes se acuerdan de la ciudadanía en los procesos electorales con promesas que después se van diluyendo y que generan un alto grado de desconfianza, pero a la vez, también de apatía. Entre un proceso electoral y el siguiente la ciudadanía “habla de política” pero “no participa en la política”. La dimensión individual del hombre puede más que la dimensión social y ello nos llevará de nuevo a los procesos electorales sin pedir rendición de cuentas.
En segundo lugar es necesario abordar un segundo elemento por la constante crítica que supone a nivel social. Me refiero al nivel de formación de la clase política para ejercer tareas de gobierno. En la actualidad, cualquier ciudadano, sin requisitos previos y amparado en la elección popular, puede acceder al gobierno de un municipio, de una comunidad o de un país. No importa. En muchas ocasiones el voto se decide por nuestra identidad ideológica hacia un determinado partido generando “funcionarios de partido” afines y sin ninguna autocrítica. Esto nos lleva a pensar que no es lo mismo representar a la ciudadanía que gobernarla. Deberíamos plantearnos que nuestros gobernantes deben ser personas competentes y que es un derecho de la ciudadanía poder contar con los mejores y mejor preparados. De lo contrario surge una auténtica pléyade de asesores para suplir la falta de capacitación, la ineficacia y la ineficiencia
de muchos gobernantes. La ciudadanía debería reflexionar cómo la clase política está resolviendo los problemas que en la actualidad está generando la pandemia: la atención sanitaria, el sistema educativo, el paro, la actividad económica, las familias vulnerables y desestructuradas, las ilusiones y desilusiones de jóvenes y mayores. En unos momentos en los que se reclama por la ciudadanía la unión para resolver todas estas problemáticas, la clase política responde con el enfrentamiento en los medios de comunicación y en el propio congreso, eso si, con palmas a sus proclamas como si con ellas quisieran reforzar más sus convicciones ante una ciudadanía que se siente hastiada. Necesitamos que nuestros gobernantes sean personas flexibles, capaces de llevar a cabo un continuo reajuste del “yo” (un continuo aprender), en lugar de la tradicional adaptación a un sistema normativo unívoco y de roles sociales prefijado.