España ha atravesado un julio marcado por una acumulación de conflictos políticos, judiciales, sociales y ambientales. La presión de los tribunales sobre el PSOE sigue ocupando una parte central del debate público, mientras la resolución europea sobre Puigdemont cuestiona algunos de los marcos jurídicos y políticos utilizados durante los últimos años para interpretar lo que ocurre en Cataluña. Al mismo tiempo, la victoria en el Mundial de fútbol ha generado una celebración colectiva que contrasta con un contexto mucho más grave. Los incendios forestales han mostrado de nuevo la insuficiencia de las políticas de prevención. La ola de calor ha agravado esta situación y ha afectado de manera desigual a la población, especialmente a quienes trabajan al aire libre o viven en viviendas mal acondicionadas. Por ello, este verano no puede entenderse como una simple suma de episodios aislados, ya que la judicialización de la política, la crisis climática, la fragilidad de los servicios públicos y la necesidad de éxitos deportivos como forma de compensación colectiva forman parte de un mismo escenario. Entonces, la cuestión no es que julio haya sido extremadamente caluroso, sino que afrontamos estas crisis de manera fragmentada, reactiva y con escasa capacidad para diferenciar lo urgente de lo importante.