Caducos y amargos

Hay jueces en España que se distinguen más por su labor política que por su compromiso de legalidad e imparcialidad, muchos de ellos parece que solo trabajan cuando se lo pide el Partido Popular. Los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial llevan un lustro desobedeciendo la Constitución, reciben un salario que ya no les pertenece y desempeñan labores de oposición radical contra el gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo nombrados a dedo por sus colegas del CGPD, llevan desde abril congelando la sentencia por la caja b del Partido Popular para no interferir en las elecciones habidas en estos meses. No piensa así su compañero el juez Peinado que en su caso contra la esposa de Sánchez, ha dejado bien clarito que esa regla no escrita solo es aplicable para los asuntos que perjudiquen al PP. A este violento montaje de acoso y derribo hacia todo lo que se mueva por fuera de su ideología, se apuntan también algunos fiscales que ahora se rebelan contra su jefe. Todos estos trabajadores de la justicia deberían recordar que la legitimidad de los gobiernos reside en el pueblo que vota en las urnas, no en sus intereses partidistas o particulares.