Aproveche el tiempo
Si algo hemos podido comprobar es que la cooperación y el acuerdo entre las administraciones públicas y los partidos democráticos da frutos satisfaciendo necesidades. La política en democracia funciona si se tiene interés. Ya abordé anteriormente, que la Ley de Dependencia había alcanzado una curiosa perfección: reconocer el derecho, hacer la foto y poner a la persona a esperar. Preguntaba de qué sirve vender que se invierte más que nunca si se llega tarde, incluso, de manera póstuma. Nuevos datos muestran que las ayudas no cortan cintas. A ninguna autonomía le obligaron a tener el techo de competencias que tienen. Menos aún la responsabilidad en servicios públicos. En 2025 la inversión en dependencia alcanzó los 13.992 millones de euros. Respetable hasta ver el detalle. Las autonomías aportaron 10.234 millones, el 73,1%; el Estado, 3.758 millones, el 26,9%. La aportación estatal creció un 8%. La inversión representa en torno al 0,8 % del PIB: la mitad de la media de la Unión Europea. Derechos con “compromiso low cost”.
El gasto medio anual fue de 8.343 euros por persona beneficiaria: 2.241 del nivel mínimo estatal y 6.102 de las autonomías. El código postal aplica un baremo secreto. El País Vasco destinó 14.254 euros por persona atendida y Aragón 7.073. La mitad. La ley reconoce los mismos derechos. ¿Por qué la geografía decide? Andalucía financió 2.359 millones, el 66% y el Estado el 34%. Invirtió 2.151 euros por persona dependiente, algo por encima de la media española de 2.073. Reconocer el esfuerzo no supone alcanzar la meta. Un porcentaje no acompaña, cuida ni presta ayuda a domicilio. Andalucía fue la tercera comunidad que menos invirtió. Según datos publicados por el Ministerio sobre el reparto para 2026, se introduce otra singularidad: posiblemente tras el nuevo “marco de cooperación”, habrá comunidades que pierdan financiación al no cumplir objetivos de empleo, reducir listas de espera y calidad. Sancionar la mala gestión quitando recursos al territorio mal gestionado, es castigar al beneficiario de la medida. Andalucía recibiría en torno a 9 millones adicionales. Alegrémonos, pero repartir mejor una cantidad congelada no significa financiar suficientemente el sistema. El Observatorio de la dependencia indica que el reparto no descuenta el copago de las personas usuarias, estimado en torno al 20 %, lo aportado por usuarios del servicio no se concreta. Transparencia creativa: todos pagan, pero no salen en la nota de prensa. La dependencia continúa siendo un derecho pendiente, sostenido por familias, mujeres que adelantan tiempo, salud y dinero. El interés político se demuestra financiando derechos, no recitando millones. La dignidad no admite pago aplazado. La democracia se cimenta cumpliendo lo acordado con la ciudadanía, lo contrario la rompe. Refiere Linz:” la gente obedece por costumbre y por un cálculo racional de las ventajas... su apoyo depende de mantener activos unos compromisos para hacer cumplir decisiones que conciernen a la colectividad”.
Si tanto interés tienen el Gobierno central y el autonómico en las elecciones, habrá que recordarles que el voto es un acto contractual: genera obligaciones a las partes. Aproveche para pensarlo con tranquilidad ahora que tiene tiempo. No todo va a ser cerveza, playa y mundiales. Su futuro se lo agradecerá.