Andalucía ante las urnas

Las elecciones andaluzas llegan en un momento en el que la política corre el riesgo de deslizarse hacia el terreno más cómodo de toda campaña, el de los lemas, los marcos de partido y la simplificación interesada. En una Comunidad con casi siete millones de votantes y donde el peso de la política pública es determinante para el bienestar de más de dos tercios de los andaluces, el debate en cambio debería de ser más profundo. En mayo no sólo se decide quién gobernará la Junta en la próxima legislatura, sino la capacidad de Andalucía para sostener su propio modelo de bienestar. Ese debería ser, probablemente, el eje más serio del debate electoral. No tanto la contienda táctica entre bloques ni la lectura nacional de los resultados, sino analizar si hoy Andalucía ofrece más protección social, más igualdad de oportunidades y mejores respuestas públicas que hace cuatro años. La tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza, situó a Andalucía en el 34,7% en 2025, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas, según el INE. Es un dato que desmiente cualquier relato lineal de prosperidad social generalizada. Más de un tercio de la población andaluza permanece en una zona de vulnerabilidad estructural. La sanidad pública aparece como otro de los grandes puntos de fricción entre el relato político y la experiencia social. Los datos del Sistema Nacional de Salud a 30 de junio de 2025 sitúan a Andalucía con 191.034 pacientes en lista de espera quirúrgica y un tiempo medio de demora de 160 días, claramente por encima de la media nacional, que se sitúa en 119 días. Más allá de la disputa partidista sobre las causas, el dato revela una presión sostenida sobre uno de los pilares centrales del Estado del bienestar. También en educación el panorama ofrece matices que invitan a un análisis menos propagandístico. Andalucía ha reducido su abandono educativo temprano al 14,5% en 2025, el dato más bajo de su serie histórica, lo que constituye una mejora objetiva. Pero el hecho de que siga siendo una tasa elevada indica que el problema estructural persiste y que el avance, siendo relevante, todavía no corrige del todo una de las principales brechas de desigualdad social. En una comunidad donde el origen social sigue condicionando de forma intensa los itinerarios vitales, la educación pública continúa siendo mucho más que un servicio: es el principal instrumento de compensación de desigualdades. Con este cuadro, hablar de retrocesos en las políticas del bienestar no implica necesariamente describir un desmantelamiento abrupto, sino advertir de un deterioro más gradual y a veces menos visible. Los retrocesos contemporáneos rara vez adoptan la forma clásica del recorte explícito; con frecuencia se manifiestan como insuficiencia, saturación o incapacidad para llegar con eficacia a quienes más necesitan del sistema público. Ese es el debate que Andalucía tiene pendiente en esta campaña. No basta con confrontar estilos de liderazgo ni con medir la resistencia electoral de cada sigla. La discusión de fondo debería girar en torno a qué modelo de comunidad se quiere consolidar. Si uno en el que la desigualdad se administra y se normaliza, o uno en el que las políticas públicas recuperan centralidad como herramienta de cohesión social. Si uno en el que la sanidad, la educación y los servicios sociales siguen sometidos a una tensión permanente, o uno que haga de su refuerzo una prioridad política verificable. Desde esa perspectiva, la hipótesis de un cambio progresista no debería leerse solo en clave de alternancia, sino como la posibilidad de reabrir una agenda de reconstrucción de lo público.