Piden cárcel para dos directivos de FCC por las filtraciones del vertedero
El fiscal los acusa de un delito ecológico por la contaminación en las aguas
La Fiscalía Provincial acaba de presentar cargos contra dos altos directivos de la empresa FCC en Jaén como presuntos autores de un delito ecológico y contra el medio ambiente. En concreto, se les acusa de no tomar las medidas necesarias para paliar las filtraciones de residuos tóxicos del vertedero municipal. Unos residuos que, al parecer, originaron la contaminación de las aguas subterráneas cercanas al basurero, en las que el Seprona detectó niveles “muy elevados” de nitratos, sulfatos, níquel, selenio, hierro y amonio.
El fiscal reclama dos años y medio de cárcel para José María G. R., que fue el máximo responsable de la multinacional en Jaén desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de enero de 2014 —cuando se jubiló— y a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Y. A. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que ambos paguen las obras y medidas necesarias para que, “en lo que técnicamente sea posible”, se reduzcan los efectos de la contaminación. Si los acusados no pudieran hacer frente, el fiscal pide que respondan, de forma sucesiva, la propia FCC, su compañía aseguradora y, en última instancia, el Ayuntamiento, que es el propietario del vertedero.
El proceso judicial se abrió el 31 de mayo de 2015, cuando la Fiscalía presentó una querella contra la empresa que gestiona estas instalaciones municipales por la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente. Entonces, ya se desató una tormenta política y la oposición llegó a reclamar al alcalde que rompiera el contrato con FCC.
El escrito de acusación del Ministerio Público, firmado por el fiscal Juan Manuel Fernández Aparicio, refleja que se están produciendo filtraciones contaminantes a las aguas subterráneas desde el año 2010. En este sentido, recuerda los expedientes sancionadores abiertos por la Confederación Hidrográfica y la Delegación de Medio Ambiente. Ambas administraciones advirtieron a FCC de la necesidad de poner fin a estos vertidos, tal y como describe el Ministerio Público. “Los acusados eran conocedores de que, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones medioambientales, se estaban produciendo esas filtraciones contaminantes”, recuerda el escrito de acusación.
En este punto, el fiscal asegura que los dos directivos eran conscientes también de las causas que originaban esa contaminación. En concreto, habla de que los vasos 1 y 2 del vertedero no fueron sellados y, por lo tanto, no estaban impermeabilizados; de “deficiencias considerables” en la red de drenaje de evacuación de aguas; de acumulación de residuos orgánicos y de la “carencia” de un sistema de tratamiento previo de los residuos. El Ministerio Público recuerda que la Junta de Andalucía ya advirtió a la empresa de estas irregularidades en junio del año 2104, “sin que se hayan solucionado satisfactoriamente”. “La situación no solo se ha mantenido, sino que se ha agravado”, añade el fiscal.
Y es que el Seprona inspeccionó pozos, acuíferos y cauces ubicados en las inmediaciones de vertedero. Fue en diciembre de 2015, casi un año y medio después del expediente abierto por la Administración autonómica. En el conocido como arroyo de Los Hongos, que desemboca en el río Guadalbullón, los agentes encontraron amonio, níquel y selenio en cantidades muy superiores al límite “de buen estado”. También había aguas fecales.
“La contaminación detectada en los diferentes puntos de control se debe a continuos fallos en la estanqueidad de los diferentes elementos de contención desde 2010 a 2015. Se genera una continua contaminación por afección de lixiviados procedentes del almacenamiento de residuos, contaminación que ha superado los límites del vertedero y afecta a aguas subterráneas y a suelos, lo que genera un evidente riesgo medioambiental”, resume el fiscal Fernández Aparicio.
Por ello, considera que los dos últimos responsables de FCC en Jaén son autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que pide una condena de dos años y seis meses de prisión, más el pago de una multa de 4.800 euros. También reclama que sean inhabilitados durante dos años y medio para ejercer cualquier profesión relacionada con el tratamiento de residuos. Y la última petición del fiscal es, también, la más relevante: solicita que se realicen las obras necesarias para reducir los efectos de la contaminación. Unos trabajos que son especialmente costosos y de los que deben responder, por este orden, la compañía FCC, su aseguradora y el propio Ayuntamiento de la capital.
Durante la instrucción, los acusados han negado los cargos y su defensa presentó diversos informes que trataban de desligar los episodios de contaminación detectados con el vertedero.
