Otro análisis negativo alarga la agonía en El Condado
Las pruebas realizadas el lunes vuelven a dar altos resultados de trihalometanos

Existía la ilusión en El Condado de que hoy mismo ya se levantara la prohibición del consumo de agua, pero el resultado del último análisis del pasado lunes dio al traste con la esperanza y alarga la agonía. Si los niveles obtenidos con las muestras recogidos el sábado y el domingo eran positivos, con menos de 100 microgramos de trihalometanos por litro, tal y como pudo saber este periódico, las que tendrían que confirmar el fin del problema por el momento, echaron al traste las opciones con una nueva subida por encima de 100 en varios puntos del sistema. Así, la situación se alarga ya durante veinte días en los que más de 18.000 vecinos de trece núcleos de población de El Condado no pueden consumir agua de sus grifos, ni beber, ni utilizarla para cocinar, por lo que se realizan repartos con cisternas por toda la comarca. El problema llega por la contaminación de trihalometanos, situación que ya se vivió en el verano de 2014, y se origina durante el proceso de potabilización, como reacción al contacto de la materia orgánica con el cloro y, en niveles muy altos y un consumo prolongado, se considera cancerígeno.
Desde entonces, para revertir la situación, se comenzó con la limpieza de la depuradora y las canalizaciones para eliminar la suciedad y reducir los niveles de materia orgánica, pero, a pesar de ello, todavía no ha resultado. Asimismo, ya el pasado jueves, se hizo un trasvase desde el embalse del Guadalmena al del Dañador, del que se suministra esta comarca, mucho más pequeño y al que, tras el temporal del pasado invierno, se arrastró mucha suciedad. Las autoridades esperaban que con el incremento del nivel, con agua “más limpia” del Guadalmena, la concentración de trihalometanos bajara. Pero no ha sido así.
Con este panorama, la desesperación de los vecinos y los responsables municipales va en aumento. Los siete alcaldes de la comarca —Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar—, se reunieron el pasado 20 de julio y acordaran exigir responsabilidades a la CHG y también pedir al Gobierno de España la declaración de emergencia y la urgente ejecución de las inversiones prometidas en la red en alta y en la depuradora del pantano del Dañador desde el año 2016 y así contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. Tras esa reunión, hace justo una semana presentaron un escrito en el Juzgado de La Carolina en el que denuncian la situación y exigen responsabilidades a la Confederación.
Los alcaldes de los siete municipios afectados, como avanzaron fuentes cercanas ayer a este periódico, estarán hoy de nuevo en el Juzgado de La Carolina para ratificar la denuncia que interpusieron contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Más tarde, se reunirán de nuevo con la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño.