La Cerrada de la Puerta, fuera de los planes del Gobierno

Una intervención que “pretende asegurar el abastecimiento de la población del sureste peninsular de la provincia e impulsar la regeneración y adecuación ambiental de la zona, mediante la construcción de una presa de 289 hectómetros cúbicos”. Así aparece definido desde hace una década en el portal Activa Jaén el “proyecto de regulación del Guadiana Menor” de la presa de La Cerrada de la Puerta, en el término municipal de Pozo Alcón, para el que se destinó en su momento un presupuesto de 51 millones de euros y que, según reza en la propia web desde hace años, se encuentra “muy avanzado”. Sin embargo, desde su inclusión en el Plan Hidrológico 2015-2021 cayó casi totalmente en el olvido. Tan sólo 21.538 euros, esto es, apenas un 0,04% de la inversión total, se emplearon para sufragar estudios previos en 2018. Cuatro años después —el Plan Hidrológico vigente se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2016—, todo apunta a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) retomará el asunto, pero no para poner en marcha el proyecto, sino para todo lo contrario: la construcción de la presa de La Cerrada de la Puerta no entra en los planes del Gobierno de España de aquí a 2027.

Eso es, al menos, lo que se deduce tras echar un vistazo al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), uno de los documentos previos a la redacción del Plan Hidrológico 2021-2027, que se encuentra en periodo de consulta pública hasta el próximo 24 de julio, si bien el plazo se alargará en la misma medida en la que se prorrogue el estado de alarma declarado para combatir la crisis sanitaria del coronavirus. En la ficha número 6 del EPTI, “Mantenimiento de la garantía en un contexto de incertidumbre climática”, no hay ni rastro del proyecto de La Cerrada de la Puerta ni de otras tres obras hidráulicas en la Cuenca del Guadalquivir que estaban incluidas en el Plan Hidrológico 2015-2021 y que los regantes demandan desde hace más de una década, a saber, las de San Calixto en Córdoba; Velillos, en Granada, y Castillo de Monzón, en Ciudad Real. La Administración se había comprometido a invertir 150 millones para hacer realidad los proyectos, que afectaban a más de 450.000 hectáreas de regadío. Los argumentos de los responsables del Miteco y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para justificar este plot-twist no han convencido a la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), cuyo presidente, José Manuel Cepeda, asegura que en el colectivo “aún no hemos salido del estupor” tras conocer esta decisión: “Nos han dicho que los dos últimos planes estuvieron orientados a la satisfacción de la demanda de agua y que este tiene que centrarse por exigencias de Europa en los objetivos ambientales, pero esa explicación tendría sentido si las inversiones para satisfacer la demanda de agua se hubieran ejecutado”, manifiesta el propio Cepeda, que define como “paradoja” el hecho de que el servicio que prestan los regantes se considere “esencial” —cabe recordar que del regadío depende hasta el 60% de la producción agrícola nacional— cuando no se ponen en marcha “las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de un recurso esencial para ellos, el agua”.