Familias del Guadalmena, a pocos días de su desahucio

A escasos días de ver cómo toda una vida se desvanece. Esto es lo que están sintiendo varias familias que residen en la denominada zona baja del poblado que existe junto al pantano del Guadalmena —en este caso dentro del término municipal de Segura de la Sierra—, puesto que a raíz de una orden judicial la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) envió una carta a estas familias el pasado 30 de junio para darles un plazo de ocho días hábiles para abandonar sus casas de manera voluntaria. En caso de que no lo hagan, el organismo estatal las podrá desahuciar ante la presencia de la Guardia Civil.

Estas viviendas se edificaron al mismo tiempo que se construyó el pantano del Guadalmena y estaban destinadas a trabajadores, ingenieros y todo el personal que trabajaba en la presa en época preconstitucional. Estas casas, ubicadas en la mencionada “zona de los pobres”, han pasado por distintas generaciones, de modo que estas familias han permanecido más de cuarenta o incluso cincuenta años residiendo en esta viviendas. Ahora, hay un factor diferencial en esta orden judicial. Desalojan a las familias de la zona baja, pero a aquellas personas que residen en la zona alta o “de los nobles”, como la llaman, no les pasará nada.

Hasta el punto de que fuentes de la defensa de estas familias que serán desahuciadas, en próximas fechas si los Tribunales de lo Contencioso no lo remedian, apuntan que una funcionaria de la oficina de Jaén de la CHG “habría reacondicionado una de las casas, transformándola en un chalet de lujo, utilizando a trabajadores de la CHG y con dinero público”. La defensa alega que, en función del artículo 1959 del Código Civil estas viviendas, que en su día estuvieron destinadas a dar un servicio público pero que con posterioridad “fueron abandonadas, de lo que pasó más de cuarenta años y se prueba con las periciales encargadas hechas sobre contiguas viviendas en ruinas que ninguna persona ocupó”, pasan a ser de uso privativo puesto que son, como detalla la defensa, la morada de las familias afectadas por la decisión de la CHG.

Personas que han vivido más de 30 años de manera ininterrumpida en estos hogares que, como asegura, han mantenido de su propio bolsillo. Pero, como mantiene el abogado defensor, la CHG “ha utilizando la vía administrativa, sin pasar por ningún juez que en el menor de los casos resolviera una situación de precario si no es que declarara dueños a los moradores por los efectos de la usurpación”. Y añade: “Se pretende hacer creer que hay que derruir estas viviendas porque ahora, después de 60 años serían un problema para la seguridad de la presa, mientras que en la zona noble levantan vallas y colocan barreras para que los de la zona baja no entren y así, no haya nadie que pueda ver ni hacer fotografías de todas las remodelaciones”.

La defensa recuerda las alegaciones presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada para qué, mientras que se resolvía el procedimiento principal se mantuviera la medida cautelar acordada por la Sala de paralizar el desahucio: “Pero el Abogado del Estado se ampara en informes de los técnicos de la CHG alegando que las casas son un peligro para el medio ambiente y la presa”. La defensa considera tal alegación como un “abuso de derecho” y recurrirá al Tribunal Supremo para garantizar la paralización de estos desalojos que serán efectivos, sino, también en El Dañador y en Puente del Obispo.

Alba Guil, junto a su padre, Federico Guil, así como Antonio Serrano y Juani Tenedor son algunos de los afectados por este desalojo que será inminente. Federico Guil, en primer lugar, resaltó que “la situación pinta muy mal”: “El hecho de estar aquí más de treinta años y que te echen de una manera tan rápida, es una injusticia”. Su hija Alba se ha erigido como portavoz de estas familias y recuerda todo el legado vivido: “Yo me he criado aquí, anteriormente mi hermano y también lo hicieron mis padres, con mi abuelo y tíos. Es una injusticia enorme el hecho de que no nos pueden deshacer una vida de cuarenta años en ocho días”. En este punto, Alba Guil apuntó el estado de desesperación en el que se encuentran estas personas a raíz de la carta recibida el pasado 30 de junio, sin olvidar que en enero de este año la propia CHG les envió un documento apuntando que se podían quedar con estas casas y, al mismo tiempo, recuerdan la comparación entre una zona y otra: “No lo terminamos de entender”. Por último, Serrano y Tenedor recuerdan que ya han encauzado su vida en este poblado: “Llevo más de sesenta años aquí. Tengo mis papeles y nadie de la CHG ha venido aquí por nada. Ahora dicen que soy un okupa”.