El olivar es como el buen vino con el paso de los años

El olivar se revaloriza con los años y las tierras en las que hunde sus raíces son las que más operaciones de compraventa registran, solo por detrás de las tierras arables, tanto de secano como de regadío. Son datos del informe “Precios medios anuales de las tierras de uso agrario” que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y recoge las cifras disponibles hasta diciembre del año pasado. En cuando a las operaciones de compraventa, como su valor, cabe destacar la tendencia “in crescendo”. Las tierras de olivar de secano registraron 19.103 transacciones en 2020; 20.066 en el año 2021; 22.522 en 2022 y 25.401 en 2023. El olivar de regadío fue objeto de 2.740 operaciones en 2020; 3.180 en 2021; 3.773 en el año 2022 y 4.654 en 2023. En el primer caso, entre el primer y el último registro, se produce un aumento de las transacciones del 28,30%, mientras que en el segundo, la subida es del 51,77%. En conjunto, el número de operaciones de compraventa de olivar, tanto de secano como de regadío, aumentó un 31,65% en los últimos cuatro años, según los datos del informe del Ministerio.

En paralelo a las transacciones, el precio también encarrila una dirección al alza desde 2020. El documento recoge el valor por hectárea en las diferentes comunidades autónomas de España, pero ninguna se puede comparar con Andalucía. De hecho, el propio documento destaca literalmente: “En 2023, el precio medio nacional de la tierra destinada a olivar de secano ascendió (+3,2%). Destacan las subidas en la Comunidad de Madrid (+5,8%) y Cataluña (+4,6%). La mayor repercusión se corresponde con Andalucía (2,6%)”. El precio de una hectárea de olivar de secano en 2020 era de 15.650 euros. Al año siguiente, se pagaba 227 euros más cara; en 2022, el precio subió otros 554 euros —más del doble—. En 2023, quien quisiera comprarla debía desembolsar 16.980 euros tras un nuevo incremento de 549. Desde 2020 hasta hoy, el precio aumentó más de 1.330 euros, lo que se traduce en una subida del 8,15%. En lo que se refiere al olivar de regadío —más caro—, la evolución de precios también es favorable, pero no traza una tendencia uniforme al alza, sino que presenta altibajos desde 2020.

Una hectárea de olivar de regadío en Andalucía se paga a 26.382 euros, un 2,9% más cara que en 2020, cuando se pagaba a 25.616 euros. En 2021, sin embargo, se abarató 428 euros (25.188) con respecto al año anterior, pero volvió a subir de precio en 2022, en concreto 626 euros hasta los 25.814 por hectárea. En 2023, registró una nueva subida de 568 euros y se situó en 26.382. En relación a este apartado, el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dicta: “En 2023, el precio medio nacional de la tierra destinada a olivar de regadío ascendió (+2,7%). Destacan las subidas en Extremadura (+13,5%) y Cataluña (+11,8%) y, por otra parte, las bajadas en la Comunidad Valenciana (-6,9%) y en Castilla-La Mancha (-1,7%). Las mayores repercusiones se corresponden con Andalucía (+1,920 %) y Extremadura (+0,562%), de forma positiva, y de forma negativa con la Comunidad Valenciana (-0,146 %) y Castilla-La Mancha (-0,046 %)”. Entre 2020 y 2023, el índice de precios del olivar de regadío pasó de 100 a 103,7, lo que refleja una subida acumulada del 3,7% en relación con el año base. La evolución muestra una variación negativa inicial, en 2021, del -1,6%, seguida por otras dos variaciones positivas del 2,6% (2022) y del 2,7% (2023).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago en Andalucía de más de 1.000 millones (1.020.281.773,4 euros) de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2024 hasta el 31 de diciembre, y cuyo plazo de pago anticipado se inició el pasado 16 de octubre. En toda España se han alcanzado los 3.665 millones. Se trata de la segunda campaña de la nueva PAC 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Este importe, pagado a 31 de diciembre, es 189 millones de euros superior al de la pasada campaña, en la que se puso en marcha una nueva PAC, con un ritmo de pagos todavía marcado por las especificidades que implican estos años de transición, según lo apuntado por el Ministerio en una nota de prensa.

En el caso concreto de la campaña de la PAC 2024, el periodo de presentación de solicitudes comenzó en el mes de febrero. El plazo inicialmente previsto fue ampliado un mes y medio, hasta el 15 de junio, a solicitud de comunidades autónomas y organizaciones agrarias. De esta forma, se tenían en cuenta los cambios en la normativa europea y nacional introducidos durante los primeros meses del año. A partir del 1 de diciembre de 2024 se autorizó el abono del 90% de la ayuda básica a la renta y sus pagos complementarios. También desde el 1 de diciembre de este mismo año, se pudo transferir el 90 % del pago de los ecorregímenes y los regímenes de ayudas asociadas a la agricultura, excepto el pago específico al algodón, así como de ayudas asociadas a la ganadería, excepto las ayudas al engorde de terneros. Sólo han podido ser beneficiarias de dichos pagos las solicitudes para las que hayan finalizado todos los controles, por parte de las comunidades autónomas.

El Partido Popular de Jaén mostró su satisfacción por la luz verde del Congreso de los Diputados a una serie de medidas impulsadas por los populares que beneficiarán de forma directa al campo jiennense y a los agricultores de nuestra provincia, en especial a los pequeños propietarios. Así lo resaltó el diputado nacional, Juan Diego Requena, tras lograr el PP que el dictamen aprobado sobre el proyecto de Ley de prevención del desperdicio alimentario incluya la recuperación de los contratos temporales en la agricultura y otros “importantes logros” para el sector agroalimentario, que no tendrá que someterse “ni a más burocracia ni a más normas contradictorias”.

Y es que, “gracias a las enmiendas del PP aprobadas pese al rechazo del PSOE y Sumar”, se podrán volver a hacer contratos temporales en el sector primario para todas las labores durante el año y sobre todo en época de recolección para asegurar que se puede recoger la cosecha, “lo que beneficiará de un modo especial a la provincia de Jaén y a su olivar”, permitiendo al pequeño agricultor garantizarse la producción y recolección de todo el fruto contratando temporalmente a trabajadores del campo y ahorrándole además tiempo, al quitarle papeleo y burocracia.