El Mármol abre una cuenta solidaria para la repatriación

El Ayuntamiento pedáneo de El Mármol, perteneciente al municipio de Rus, ha puesto en marcha una cuenta solidaria para sufragar la repatriación de los tres temporeros de origen subsahariano que fallecieron en la madrugada del pasado día 26 de diciembre en un incendio de una cochera del núcleo urbano.

Según informó el alcalde de la pedanía, José Nájera, de momento tan solo se habían puesto en contacto familiares de uno los temporeros, el senegalés Moussa Camara, para contar con el fondo solidario que se utilizará para pagar directamente a una funeraria almeriense, que será la encargada de acometer la repatriación al tener convenios con países africanos.

Además, a partir de hoy, desde el Consistorio pedáneo tienen pensado realizar una campaña de comunicación con la pegada de carteles en la pedanía y en municipios aledaños, entre los que se encuentran Rus o Canena, para animar a los vecinos a que participen en este fondo solidario.

Y es que, los gastos para trasladar los cadáveres de las víctimas a sus países de origen rondan los seis mil euros, por lo que resultan difícilmente asumibles por parte de sus familiares. Además del propio Ayuntamiento, organizaciones no gubernamentales también trabajan en esa misma línea, con el objeto de minimizar, en la medida de lo posible, los efectos de una tragedia ocurrida a tan solo un día de la Navidad, que causó una gran conmoción en la pequeña población e hizo que, hasta el jueves por la tarde, la entidad local decretara el luto oficial.

Cabe recordar que los fallecidos —dos senegaleses y un maliense— tenían entre 30 y 40 años de edad y trabajaban por cuenta del propietario de la cochera, de tal manera que su situación en España como temporeros en la campaña de recogida de la aceituna era totalmente legal.

Las reacciones se sucedieron ante estos hechos. Entre ellas, la de la nueva subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, que anunció que la Subdelegación hará lo posible por tratar de mejorar las condiciones de los inmuebles que los empresarios ponen a disposición de las cuadrillas durante la campaña. Unas declaraciones que van en la línea de las pronunciadas por el Gobierno andaluz en boca de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. Por su parte, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, habló directamente sobre la apertura de una investigación.