Los humos de Arjonilla deben ser investigados por un juzgado
La Fiscalía de Medio Ambiente cree que puede existir “infracción penal”
Una reciente resolución de la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Isabel Uceda, remite sus diligencias sobre la situación de la orujera de Arjonilla al Juzgado de Instrucción decano de Andújar para que asigne el caso. Considera debe indagarse si los hechos constituyen infracción penal. Por ello insta a que siga la investigación. El dictamen estima que debe declararse compleja la causa.
En el escrito, la Fiscalía refiere que, en su día, un particular —miembro de la plataforma cívica que recogió 601 firmas meses atrás— presentó una denuncia. Se ponía en conocimiento del Ministerio Público el supuesto peligro y el daño medioambiental en la calidad del aire y en la salud de las personas derivado de la actividad de la industria, situada en pleno casco urbano arjonillero. El vecino que comunicó el asunto alertaba de que la emisión de humo “las veinticuatro horas del día”, la presencia de depósitos de gas hexano a poco metros de las casas y la supuesta carencia de licencia de actividad y autorización ambiental unificada. El escrito se acompañaba de fotos.
La fiscal, ante la posibilidad indiciaria de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente solicitó documentos al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. El Ministerio Público dice que la administración local formuló “sucesivas quejas” ante Medio Ambiente por los fuertes olores y la humareda, incluso con una denuncia de junio de 2017. En contestación la Junta expuso que se había reclamado a la empresa un estudio sobre el impacto de los olores y una identificación y cuantificación de las sustancias generadoras de los hedores, así como la implantación de medidas correctoras. También se tramitaban medidas para minimizar las emisiones, así como una propuesta para lograr una correcta combustión en la caldera. Asimismo el texto menciona una clausura, en 2014, de la deshuesadora, equipos de centifrugación y dos secaderos, decisiones refrendadas por una sentencia. Medio Ambiente abrió, el pasado mes de octubre, un procedimiento sancionador por incumplimiento de autorización. La Fiscalía da a entender que la Junta no remitió parte de la información requerida.
Fuentes de la orujera consultadas por Diario JAÉN aseguran que no tienen constancia de la judicialización del caso. Destacan que la firma cumple con la Ley y lo que se le requiere desde la administración e intenta molestar lo menos posible. Añaden: “Mientras nos dejen trabajar, pues trabajaremos”.
Los acuerdos con los que la Fiscalía de Medio Ambiente remite la investigación a un juzgado iliturgitano establecen que se requiera a la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente para que remita copia testimoniada de documentos. Se trata de las actas de inspección realizadas en 2014, 2015, 2016 y 2017, un informe técnico del pasado mes de octubre, la resolución que impone medidas preventivas y la notificación y el requerimiento al titular de informe o acta de inspección acreditativa de la tales requerimientos se han llevado a cabo. También solicita que el juzgado pida el expediente sancionador por incumplir la autorización ambiental, documental acreditativa de los niveles de superación de los umbrales legales e informes técnicos y jurídicos, así como la resolución. También se aboga por solicitar el expediente para la solicitud de emisiones a la atmósfera, la resolución y las medidas correctoras adoptadas. Se defiende que el Seprona realice una inspección ocular, un informe medioambiental y un reportaje fotográfico y que remita copia.