Una cuestión de justicia social

Ya se conoce la sentencia definitiva con la que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, prácticamente empezó su mandato e, incluso, su campaña electoral. El Tribunal Supremo avala por unanimidad que los restos mortales del dictador Francisco Franco salgan de la basílica del Valle de los Caídos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo desestimó el recurso interpuesto por la familia del caudillo y dio por zanjado un asunto no exento de polémica. Tampoco podrá ser enterrado en la Catedral de la Almudena y, por lo tanto, será depositado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, en contra del criterio de los nietos, quienes no cesarán en su lucha y llegarán, contra todo pronóstico, hasta el Tribunal Constitucional. De esta forma se resuelve una anomalía histórica, con retraso, que lo único que permitió durante tantos años fue exaltar su figura. El complejo monumental, que fue levantado por prisioneros que lucharon contra el dictador en la Guerra Civil, representa a la España sometida a una implacable represión, por lo que el traslado de sus restos no es solo un triunfo político para Pedro Sánchez y su partido, sino también un asunto de justicia que, sin embargo, tiene también su otra cara. Hay quienes piensan que la memoria resulta imprescindible para no caer en los errores del pasado y, en este sentido, están los que abogan porque todo siga como está. Sirvan como ejemplos la Alemania nazi o la Italia fascista, dos países que, tras la II Guerra Mundial, evitaron que existiera cualquier monumento que pudiera servir para celebrar las figuras de los líderes que encarnaron sus programas totalitarios, Hitler y Mussolini. No ocurrió lo mismo en España.