Normalidad democrática

El Tribunal Supremo cerró ayer un juicio histórico para la joven democracia española. El juicio por el “procés” tiene sentencia dos años después de que se produjera un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia que queda desdibujada por el relato de los independentistas y de parte de una izquierda que sigue acomplejada de nuestra democracia. Solo así se pueden entender algunas reacciones desde Podemos Andalucía y otros tantas voces discordantes con el proceso jurídico en sí, como si dieran por buena una de las premisas ideológicas del independentismo de que aquí en España se persiguen las ideas políticas.

Los hechos fueron lo suficientemente graves como para que tuvieran el recorrido judicial, el tribunal considera que la violencia existente no fue suficiente para que cometieran un delito de rebelión, lo que hubiera acarreado penas de hasta 25 años. Este punto tampoco es del agrado de los que pedían las máximas penas posibles. En un estado de Derecho, son los jueces los que deben poner los puntos sobre las íes en los casos en virtud de la ley y en este la búsqueda de una sentencia por unanimidad seguro que habrá requerido negociación. En cualquier caso, dada la escasa credibilidad de quienes pusieron al borde del conflicto civil a Cataluña y a sus ciudadanos en la democracia, les cabe no solo el recurso ante otras instancias superiores e incluso ante la Unión Europea. Si la sentencia no está lo suficientemente justificada o se ha abusado de alguno de los derechos de los procesados, los altos tribunales europeos tendrán algo que decir como así han hecho en otros asuntos. Puede ocurrir también que la justicia europea, tampoco sea de su agrado. Pero, prueben.