Ley de Montes de Andalucía
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que lidera la jiennense Catalina García, tiene entre manos la aprobación de la Ley de Montes de la comunidad. Se trata de instrumento que tiene que nacer del consenso de todos los agentes implicados y que debe de responder a grandes retos: El cambio climático, el aprovechamiento forestal, la sostenibilidad o el empleo. Ya hay un anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno, fruto de la participación y el análisis pormenorizado de las ventajas y los inconvenientes de todos los parámetros incluidos, pero todavía queda el paso definitivo.
No es fácil introducir modificaciones en un documento con una solera de treinta años, sobre todo porque los ciudadanos solemos ser reacios a los cambios, pero es necesario hacerlo para adaptar los montes a una realidad diferente a la que había tres décadas atrás, cuando el calentamiento del Planeta no era una preocupación como la que es ahora. La Ley de Montes es tan importancia como la existencia de incentivos al desarrollo forestal, una buena gestión de la naturaleza, su conservación y protección, así como la prevención, restauración y el fondo de mejoras. Es el momento de realizar aportaciones para que los especialistas puedan estudiar su idoneidad y evaluar su incorporación a la futura legislación, por lo que foros como el celebrado ayer en Aldeaquemada resultan trascendentales para el presente y el futuro de una provincia, Jaén, con mayor espacio protegido de toda España. El objetivo principal, en esta Andalucía del siglo XXI, consiste en otorgar a los montes de titularidad privada un mayor protagonismo acorde con la entidad superficial que ocupan, además de consolidar el rico patrimonio forestal público andaluz y convertir una norma sectorial autonómica en una ley de vocación universal y estratégica tanto para el país como para el conjunto de Europa. Dar respuesta a las demandas de los ciudadanos es importante, pero siempre con el interés general por delante.
