La sanidad y la financiación

La manifestación convocada por sindicatos en Sevilla en defensa de la sanidad pública tuvo presencia jiennense, no sólo de ciudadanos, sino también de representantes políticos que, en este momento, ejercen el papel de oposición en Andalucía. Se trata de uno de los principales problemas que tiene que afrontar, en la actualidad, el Gobierno autonómico después de una pandemia que dejó tocado el sistema. Las esperas para acceder a cualquier tipo de servicio, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria, obligan a los usuarios a acudir al ámbito de lo privado, una realidad que se refleja en las estadísticas que certifican el incremento de los contratos en las aseguradoras. No es fácil poner coto a la situación y, aunque requiere de la voluntad política de quien tiene la sartén por el mango, también implica la colaboración por parte del Gobierno central. La defensa de la sanidad pública es competencia de todos los partidos, de los que están detrás de la pancarta en las calles y de los que están delante. Los ciudadanos tienen que empezar a percibir que no hay desmantelamiento y, en contrapartida, sí existe una apuesta por incrementar el número de profesionales que están al pie del cañón, argumentos sólidos para que los sindicatos no se vean obligados a convocar más concentraciones para exigir un derecho constitucional. La Junta de Andalucía está obligada a garantizar las prestaciones sanitarias en las ocho provincias y, de la misma manera, a reclamar al Ejecutivo central la financiación justa y necesaria para que no se resientan servicios fundamentales con los que no se puede jugar. Hacer política con la salud no es lo más recomendable.