La inoperancia con Valencia

Más de doscientas personas fallecieron como consecuencia del grave temporal, conocido como dana, que asoló Valencia el pasado mes de octubre. Sus familiares están convencidos de que depurar responsabilidades, tanto políticas como penales, después de que haya ya un auto judicial que certifica que las alertas llegaron cuando ya había denuncias por desapariciones. Algo falló en un sistema que cuenta con todos los instrumentos de emergencia para advertir de situaciones de suma importancia y peligrosidad como la vivida recientemente, aunque no se haya producido, hasta el momento, ni una sola dimisión que sirva de ejemplo a la población. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que es el que llevará la investigación de la causa y necesitará refuerzo, pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar que informe del caudal concreto del Barranco del Poyo durante la tarde del 29 de octubre y exige a la Generalitat que aclare quién fue el encargado de enviar los mensajes a los teléfonos móviles a las 20:11 horas, cuando buena parte de los municipios afectados ya estaban sumidos por el agua. La información será clave poder establecer los distintos grados de inoperancia y el papel que jugaron todos los organismos públicos, incluidos sus dirigentes, que no estuvieron a la altura a la hora de responder con agilidad y coordinación ante un escenario que derivó en la mayor catástrofe natural de este siglo. Alguien deberá responder a las familias que, impotentes, asisten a un escenario de desamparo y, a la vez, solidaridad ciudadana.