La Constitución ante todo

La negativa del Gobierno de Cataluña, presidido por Carles Puigdemont, a retornar a la legalidad ha tenido, finalmente, el desenlace previsto. No significa que este final fuera el deseado, ya que habría sido preferible que los dirigentes catalanes hubieran escuchado las persistentes llamadas a retroceder en un camino soberanista alejado del marco de la Constitución. La hoja de ruta independentista se topa, tras la decisión del Consejo de Ministros de aplicar el artículo 155, con la coherencia de las leyes. La estrategia catalanista de obviar todos los principios legales, tanto los que afectan a todos los españoles como los dictados para Cataluña, ha derivado en unas nefastas consecuencias en múltiples aspectos, tanto económica, como política y socialmente. El pensamiento maquiavélico de que “el fin justifica los medios” se topa de bruces con los pilares y las garantías del estado de derecho y con la propia esencia de la democracia, que no es más que el cumplimiento de las normas de juego acordadas por todos, el respeto a la ley. La absoluta ausencia de respaldo internacional a las aspiraciones soberanistas hace poner negro sobre blanco una realidad totalmente adversa para una aventura independentista plagada de errores y desaciertos desde que cogió velocidad tras las pasadas elecciones. Pero la situación no acaba hoy, sino que el Gobierno tiene por delante una compleja tarea para la recomposición de lo que en unos meses ha quedado hecho añicos. El espíritu independentista de gran parte de la población catalana seguirá vivo —incluso, reforzado tras los últimos acontecimientos—, lo que obligará a mover ficha e impulsar el diálogo que nunca hubo. Sería deseable no mantenerse en los mismos caminos que llevaron hasta esta situación.