El sistema de financiación

El Gobierno ya tiene encima de la mesa la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica, un planteamiento desequilibrado que, sin embargo, resulta beneficioso para Andalucía, una discriminación positiva, en términos cuantitativos, que genera rechazo paradójicamente. Además de la andaluza, la catalana y la valenciana son las regiones que más verán incrementados sus recursos en 2027, con respecto al sistema vigente.

Los del sur recibirán 4.846 millones de euros más, un 23% por encima de su peso poblacional. El objetivo principal es garantizar, reforzar y ampliar la solidaridad para afianzar los servicios públicos que son competencia de las comunidades autónomas, especialmente la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda, que es lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos. Ahí es donde tienen que ir dirigidos todos los esfuerzos y demostrar que las administraciones públicas están para mejorar la vida de las personas, el único camino que hay para que los vecinos de a pie vean utilidad a la política y al dinero que aportan a través del pago de sus preceptivos impuestos. Con independencia de las siglas con las que gobierna cada territorio, el modelo de financiación tiene que nacer desde el consenso, sin motivos para la confrontación y con garantías de igualdad.

Es normal que, en el momento en el que nos encontramos, haya quienes vean fines electoralistas en la reforma del Gobierno central, un planteamiento en el que los presidentes de las comunidades necesitan tener voz y voto, una negociación multilateral que forzará un acuerdo y que evitará conflictos territoriales como los que se empiezan a vislumbrar en el horizonte de la actualidad. El problema de la financiación está claro que hay que solucionarlo, pero quizás a su debido tiempo, con la tranquilidad que exige una norma de tales características y con la participación de quienes verdaderamente se verán beneficiados con un reparto monetario clave para que los servicios públicos funcionen bien.