El impuesto de las plusvalías

El Tribunal Constitucional anula el impuesto de plusvalía municipal con el que los ayuntamientos españoles recaudaban cada año cerca de 2.500 millones de euros. Ante esta situación, los alcaldes exigen más dinero al Gobierno para poder paliar las pérdidas y surgen muchas dudas sobre qué va a pasar a partir de ahora. Se trata de una tasa de titularidad municipal que se aplica en todos los casos de traspaso de un inmueble a otra persona, ya sea una venta, una herencia o una donación. Hay que pagarlo en 30 días, salvo en las herencias en las que el plazo de pago es de seis meses y se fija de manera automática multiplicando el valor catastral del suelo de cada casa por unos coeficientes que establece cada Administración local en función de los años de tenencia de ese edificio. Todavía es pronto para tomar un posicionamiento firme, sobre todo cuando el Gobierno central ha pedido paciencia y calma a los dirigentes municipales hasta que no haya información suficiente para aplicar la legalidad vigente. Hay que tener en cuenta que este es el tercer golpe que da el Tribunal Constitucional al impuesto de la plusvalía municipal, aunque, eso sí, es el definitivo. El organismo judicial considera que el cálculo de la tasa es inconstitucional porque el cómputo objetivo no se corresponde con la realidad y afecta al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española. Está claro que la decisión es un duro varapalo para las administraciones locales, que son las más dañadas, precisamente, por los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia. Algunos, como el de la capital, están en situación de quiebra, por lo que necesitan ayuda para continuar.