Derecho al voto en pedanías

La situación en la que se encuentra un buen puñado de pedanías de la provincia con vistas a la convocatoria electoral de mayo es, cuanto menos, delicada. La Ley de Régimen Electoral, que data de 1985, establece claro que los lugares en los que hay censados menos de doscientos habitantes no tendrán mesas electorales. Sin embargo, nunca se aplicó una normativa que lesiona el ejercicio a un derecho universal en aldeas en las que el principal problema que hay es, precisamente, de movilidad. Una decena de ayuntamientos se verán perjudicados por la aplicación legislativa por primera vez en la historia de la democracia y, aunque se trata de una medida correcta, lo cierto es que el problema requiere una solución que no pasa, precisamente, por habilitar posibilidades de desplazamiento a las mesas electorales más cercanas. Hay que tener en cuenta que la tendencia en el mundo rural es hacia la despoblación, de tal forma que cada vez viven menos habitantes en los lugares más alejados de los municipios y ciudades y los que lo hacen suelen ser personas mayores. Los servicios, en consecuencia, se ven mermados. No suele haber servicio postal para enviar el voto por correo y tampoco hay medios para emitirlo de forma telemática, porque la banda ancha brilla por su ausencia en las aldeas más recónditas. Muchos de los residentes se encuentran con problemas de movilidad y, si es complicado que salgan de casa, más difícil es que lo hagan para recorrer unos cuantos kilómetros. En este sentido, es loable que los alcaldes presenten alegaciones para intentar garantizar un derecho que tiene todo ciudadano en la cita con las urnas. Las normas están para interpretarlas y, sobre todo, adaptarlas a una situación cambiante.