Condonación autonómica

El Consejo de Ministros tiene ya aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte del débito regional de régimen común, una medida que, según el Gobierno, no supone agravios ni tampoco beneficios para Cataluña. El ahorro, calculado con el criterio de población ajustada, está cifrado entre los 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia. Es como si el Estado, de golpe y porrazo, se quedara con el veinte por ciento del conjunto del endeudamientos de las comunidades autonómicas, aunque hay algunas, como Madrid, que no tienen. Sin embargo, la propuesta, que es voluntaria, nace envuelta en polémica, sobre todo por parte de los gobiernos que tienen un signo político diferente al que lidera Pedro Sánchez. Tal es el caso de Andalucía, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en que no asumirá la “trampa” de la condonación, pero no porque responda a órdenes de la dirección del Partido Popular, sino porque considera que la medida nace viciada y él está para velar por los intereses de los andaluces. Y, precisamente, ahí está el “quid de la cuestión”, en los ciudadanos, que andan perdidos entre dimes y diretes políticos y merecen, cuanto menos, transparencia. Está claro que no hay que ceder a chantajes territoriales, como tampoco sería bueno negarse a un planteamiento que puede suponer mejoras sociales para cualquier región, sólo por responder a intereses partidistas y olvidar los más importante: la gente.