Arbitrariedad en el Colce

Un nuevo capítulo se suma a la controversia social y política generada en torno al proyecto para instalar una base logística del Ejército de Tierra. Se pusieron de acuerdo las administraciones públicas para solicitar información al Gobierno central sobre los criterios que le llevaron a decantarse por Córdoba para instalar el proyecto y, después de conocer la respuesta, todo hace indicar que la contestación no satisface a ninguna de las partes implicadas. La misiva, firmada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, abre las puertas hacia la presentación de una denuncia que la Plataforma Ciudadana Merece Más tiene prácticamente ultimada. Viene a decir el Ministerio de Defensa que no puede dar información detallada porque no existe procedimiento administrativo, cuando hay respuestas anteriores en el Congreso de los Diputados y en el Senado en las que el Gobierno alude a la instrucción 67/2011. Lo ocurrido en torno al Plan de Concentración de Centros Logísticos Centrales del Ejército, el conocido como Plan Colce, es de juzgado de guardia. Ni que decir tiene que el Estado es el responsable de encender la llama de la indignación entre los jiennenses, gracias a su vicepresidenta, Carmen Calvo, y ahora sirve en bandeja una demanda por una posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. Una Administración no puede elegir un proyecto con una inversión de 350 millones de euros de forma arbitraria y sin un procedimiento administrativo. Esta rocambolesca situación hace pensar en la posible existencia de un expediente que, a estas alturas, no convenga airear por cuestiones relacionadas con los méritos de la candidatura que fue rechazada.