La supresión de la FP Básica Específica en el IES Las Fuentezuelas
Hace más tres décadas y media comencé mi labor como maestra de Educación Especial trabajando a pie de aula, con la firme convicción de que la escuela era el motor que debía transformar la vida de quienes más lo necesitan. Hoy, sin embargo, escribo con el corazón encogido y una profunda sensación de indignación ante lo que está ocurriendo en el IES Las Fuentezuelas de Jaén.
Durante mi trayectoria, he sido testigo directo de cómo la administración ha escatimado recursos básicos para el alumnado con Necesidades Educativas (NEAE). Mi alumnado y sus familias han vivido en una reivindicación permanente: mendigando logopedas que nunca llegan, fisioterapeutas inexistentes y especialistas en Audición y Lenguaje que son, a todas luces, insuficientes. Hemos visto cómo el número de maestros de Pedagogía Terapéutica se reducía mientras las necesidades crecían, obligando a las familias a realizar un esfuerzo económico asfixiante para pagar tratamientos específicos por las tardes (algunos de ellos no incluidos en las becas NEAE). Sin esas terapias, sus hijos e hijas simplemente dejarían de avanzar.
Pero lo que estamos viviendo ahora en el IES Las Fuentezuelas de Jaén es la culminación de este proceso de esquilmación de recursos y un golpe definitivo al derecho a la educación del colectivo de alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa (NEAE). Al cerrar la Formación Profesional Básica Específica, la Junta de Andalucía no solo suprime una línea educativa; está clausurando el futuro de estos chicos y chicas.
Denuncio formalmente esta situación basándome en los siguientes puntos. —Atentado contra la Autonomía personal. La FP adaptada es la única pasarela real al mundo laboral para este colectivo. Sin ella, se les condena a la exclusión y a la dependencia absoluta de sus familias. Trabajar no es solo recibir un salario, es un derecho y la base de la dignidad humana. - Vulneración de Derechos Constitucionales. La Constitución reconoce la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Sin embargo, la Junta de Andalucía está demostrando que para ellos hay ciudadanos y ciudadanas de segunda. La inclusión educativa es un decorado vacío si no conlleva una posibilidad de inclusión laboral. —Desmantelamiento de lo Público. Mientras la educación pública se desangra y pierde ciclos formativos, entre ellos el de NEAE, observamos con estupor cómo la educación privada se beneficia de esta gestión de la FP pública, convirtiendo un derecho en un negocio y seguramente sea esa la pretensión que se esconde detrás de esta actuación. —Falta de Empatía y Conciencia.
Existe una ceguera emocional aterradora en quienes toman estas decisiones desde un despacho. No son cifras, son personas que necesitan una mirada humana y una mano tendida que el sistema les está retirando de forma cruel e inesperada. Como maestra, al filo de mi jubilación, me niego a que el legado de mi carrera sea el silencio ante esta injusticia. No podemos permitir que se les robe el derecho a ser parte activa de la sociedad al alumnado con necesidades educativas. La administración tiene el deber moral y legal de proteger al eslabón más vulnerable, no de cortarle las alas cuando están a punto de volar hacia el mundo laboral. No podemos permitirnos que se le cierren las puertas a su futuro. Es una cuestión de justicia, de humanidad y de decencia.
JUANA DOLORES LASERNA LATORRE / JAÉN
Balas en la política y en las aulas
El intento de atentado contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca es algo más que un incidente aislado: confirma que la violencia se está normalizando como instrumento político en Estados Unidos. El agresor, que se definía en sus escritos como un “amable asesino federal”, se abrió paso a punta de pistola y disparó contra un agente del Servicio Secreto. No se trata de un rayo en cielo sereno. Los intentos de asesinato y ataques contra políticos en EE UU han alcanzado su nivel más alto desde los años sesenta, y Trump ha sufrido ya tres intentos en solo dos años. El fenómeno se extiende a todos los niveles: han aumentado un 58% las investigaciones por amenazas a congresistas y sus familias, e incluso magistrados del Tribunal Supremo han sido objeto de planes de asesinato.
El ámbito local tampoco se libra. En Minnesota, la líder demócrata de la Cámara, Melissa Hortman, y su marido fueron asesinados en su casa por un individuo que también atacó a un senador estatal y llevaba una lista con más de 45 cargos públicos “marcados”. Estudios recientes muestran que casi tres cuartas partes de los cargos locales se sienten hoy menos dispuestos a participar en política o abordar temas controvertidos por miedo a la hostilidad.
En un país donde portar armas es casi tan habitual como llevar un teléfono móvil, las matanzas recurrentes en colegios y espacios públicos revelan una sociedad que no pasa por sus mejores momentos. Cuando la violencia deja de ser excepcional y se vuelve rutina, lo que se degrada no es solo la seguridad de los representantes, sino la calidad misma de la democracia. Conviene que en Europa tomemos nota antes de que sea demasiado tarde.
PEDRO MARÍN USÓN / ZARAGOZA