SMI, IRPF y cultura fiscal
Créanme que no salgo de mi estupor durante las últimas semanas ante el insólito y artificial debate suscitado en torno al Salario Mínimo Interprofesional —SMI— y su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas —IRPF—. Bueno, como no soy completamente ingenuo, vislumbro que de lo que se trata es de “marcar territorio”, de diferenciarse del adversario, de llevar la contraria en todo lo que propongan unos u otros. Lo que hoy me toca en esta columna es ofrecer un poco de información y tratar de aportar algo de cordura al debate.
Empecemos por la cultura fiscal recordando que, entre otras muchas funciones, el sector público tiene como misión contribuir a modificar la distribución de la renta en sentido igualitario mediante políticas de gasto público: transferencias en efectivo —subsidios y subvenciones— y transferencias en especie —educación, sanidad, servicios sociales—, siendo la hacienda pública el soporte financiero de toda la actividad económica estatal. Pues bien, para hacer frente al volumen de gasto, el Estado ha de recaudar ingresos. En la actualidad, más del 90% de los mismos provienen de tres partidas: cotizaciones sociales, impuestos directos sobre la renta, el patrimonio y el capital; e impuestos indirectos sobre la producción e importaciones —IVA e impuestos especiales—. Recordemos que los impuestos directos son aquellos que gravan la capacidad económica de los ciudadanos, es decir, que se imputan de forma directa a la generación de ingresos o a la posesión de un determinado patrimonio. Por su parte, los impuestos indirectos gravan la manifestación indirecta de la capacidad económica de las personas físicas o jurídicas, bien sea por el consumo que realizan o por la transmisión de bienes. Dicho en “román paladino”, los impuestos directos gravan al contribuyente en función de su capacidad económica y los indirectos lo hacen sin discriminar según la riqueza de los sujetos pasivos de los mismos. Obviamente, el IRPF es un impuesto directo. Permítanme que les diga, asimismo, que pienso que es más justo aquel sistema fiscal en el que prima el peso de la imposición directa sobre la indirecta.
Vayamos a la otra parte de la ecuación, el SMI. No es otra cosa que la cuantía retributiva mínima que debe percibir una persona trabajadora por la realización de su jornada laboral, y garantiza así un nivel básico de ingresos que permita cubrir sus necesidades esenciales. Con el incremento aprobado para 2025, el SMI se sitúa en 16.576 euros anuales o, lo que es lo mismo, en 1.184 mensuales por 14 pagas. Un dato a destacar es que el SMI ha pasado de 735,9 euros/mes en 2018 hasta los 1.184 del año en curso —incremento del 61%—. La subida provoca que se supere el mínimo exento en el IRPF y ahí surge la polémica. Recordemos que el mínimo exento es la parte de la base imponible del impuesto que la ley libera del gravamen y constituye el límite a partir del cual se comienza a tributar. Pues bien, en la actualidad se ha de pagar IRPF a partir de los 15.876 euros anuales, por lo que si el SMI se sitúa en los 16.576 es obvio que se supera el límite exento y que, consecuentemente, ha de tributar.
Es a partir de ello, cuando se enciende la mecha y se inventa una nueva polémica en la que se mezclan como un totum revolutum conceptos muy distintos. Estoy convencido de que contribuir a las arcas públicas en función de los ingresos de cada uno es un ejercicio de ciudadanía. Como también pienso que se debe avanzar hacia un sistema fiscal más justo y equitativo en el que paguen más los de mayores ingresos y en el que la tributación indirecta pierda peso relativo. Está constatado que el impuesto especial a la banca y a las eléctricas no impide que obtengan los mayores resultados de los últimos años, lo que marca el camino a seguir. Por lo tanto, hagamos cultura fiscal, avancemos hacia modelos impositivos más justos, pero no denigremos el pago de impuestos, ya que ello nos llevaría a un paupérrimo modelo de sanidad y de educación pública, como el de Estados Unidos, que yo no deseo para España.