Sanidad pública

    10 feb 2023 / 18:11 H.
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    En este tercer y último artículo seguido en defensa de la sanidad pública me gustaría hablar de las estrategias de las fuerzas conservadoras para promocionar lo público sobre lo privado, y entre ellas está la de reducir el gasto público, buscando la consecuente desatención y privatización de lo público para promocionar así el crecimiento del sector privado.

    Ahora, aparte de esta privatización citada más arriba en la que los servicios privados se pagan con fondos privados, una nueva estrategia se está poniendo en práctica en países como el nuestro y es hacer crecer la financiación de servicios sanitarios privados con dinero público. Lo que estamos viendo es cómo se disminuye el gasto público para financiar servicios públicos y a la vez se aumenta el gasto público para financiar servicios privados. No nos olvidemos que esta situación nos está llevando al absurdo de ver cómo se financian así servicios privados de carácter comercial dirigidos por empresas cuyo único afán es el ánimo de lucro. La contratación con dinero público de estos servicios privados lleva sin más remedio a un clarísimo deterioro de la calidad de la atención médica. El objetivo intrínseco a cualquier empresa privada con ánimo de lucro es el de optimizar los beneficios empresariales y esto es lo que inevitablemente conduce al deterioro tan marcado de la calidad de la atención médica. Estas empresas optimizan los beneficios a costa de la reducción de personal, incluido el profesional y también a costa de su formación. Lo que las fuerzas conservadoras quieren promocionar en nuestro país ya ha mostrado tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional una serie de evidencias que muestran a las claras y sin duda que la privatización de la sanidad gestionada por empresas con afán de lucro, como las compañías de seguros entre otras, es más costosa, enormemente costosa, es más ineficaz y más impopular.

    En anteriores artículos he hablado de nuestro deficiente estado de bienestar y de que las causas de este déficit son predominantemente políticas y está relacionado con el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre nuestro Estado incluyendo el periodo democrático. Una de las consecuencias de este dominio es, por poner un ejemplo, la existencia de la dualidad pública y privada en los servicios sanitarios, que, por cierto, también es típica de países del sur de Europa y Latinoamérica donde se han sufrido dictaduras de carácter fascista seguidas de democracias incompletas donde esas fuerzas conservadoras han mantenido esa gran influencia sobre sus Estados. Nuestro caso es extremo ya que ni siquiera se produjo una ruptura del estado democrático con el estado dictatorial anterior. Aquel conservadurismo y su poder sobre el aparato del Estado se tradujo en su día en que los funcionarios estatales tenían el derecho al acceso a los servicios privados, lo cual dio un sesgo de clase social a tal funcionario distanciándolo de la experiencia de las clases populares y de la mayoría de la población española. También hay que recordar que un elevado porcentaje de la clase política y mediática dominante utiliza la sanidad privada financiada por fondos públicos y gestionada por empresas privadas.

    Si a este conservadurismo le añadimos la relación del Estado central con los otros diecisiete autonómicos que no es la más adecuada para resolver problemas conjuntos como sucedió con la pandemia mostrándose la falta de recursos para responder solidaria y colectivamente al problema. O le sumamos la visión que domina el sector sanitario poniendo a los hospitales en el centro y subvalorando la atención primaria nos podemos explicar desastres como el de que España sea el país de Europa con una mortalidad acumulada más alta por covid-19.

    El resumen de mis tres artículos seguidos es que sí hay recursos para eliminar el enorme déficit de nuestra sanidad pública. El que no se corrija se debe a causas políticas y no económicas. El excesivo poder de las fuerzas conservadoras y neoliberales que dominan los grandes medios y las instituciones del Estado impide que se corrija.

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