Pensiones
Cada final o comienzo de año saco a colación en esta columna el tema de las pensiones. Es este un tema recurrente porque afecta a un número muy elevado de personas, supone una factura estratosférica para las arcas públicas y siempre se siente la “espada de Damocles” sobre nuestras cabezas ante el temor o la amenaza de que pudiera quebrar el sistema. En efecto, 2024 lo hemos terminado con un total de 10.281.477 pensionistas, cifra en la que se incluyen las pensiones contributivas por jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad. Por su parte, el gasto viene incrementándose año tras año, hasta alcanzar en 2024 un total de 200.127 millones de euros. Para hacernos una idea de la trascendencia de esta partida, baste decir que supone más del 40% del gasto público contemplado en los Presupuestos Generales del Estado. Además, es esta una factura que se viene incrementando continuamente y cuya evolución futura será también creciente, dado que en los próximos años se jubilará la “generación del baby boom” —los nacidos entre 1957 y 1977—, producto de la explosión demográfica de aquellos años, lo que seguirá disparando al alza el gasto en pensiones; de ahí la preocupación sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones.
En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar un informe sobre el estado y la evolución de los mercados y sistemas de pensiones en los países desarrollados, en el cual se destaca que en España el Fondo de Reserva, lo que conocemos como “la hucha de las pensiones”, solo representa un 0,4% del PIB, siendo necesario que de forma inminente se dote con más recursos para garantizar su viabilidad ante potenciales amenazas.
Recordemos que la “hucha” llegó a alcanzar un máximo de 66.815 millones de euros en 2011, pero que a partir de ese momento se tuvo que recurrir a la misma para salvar el déficit que generaba el sistema de pensiones, hasta quedar con unos exiguos 3.695 millones en 2019. En estos últimos años se ha dotado de recursos a la “hucha” hasta disponer de 9.300 millones de euros al finalizar 2024, en línea con las recomendaciones de la OCDE.
Garantizar la viabilidad de las pensiones, uno de los pilares más importantes del “Estado del Bienestar” junto a la sanidad, requiere la realización de continuados ajustes. Así, en 2021 se aprobó una reforma en la que se contemplaba, entre otros aspectos, la transferencia de los “gastos impropios” —pensiones no contributivas, bonificaciones y reducciones derivadas de políticas sociales, etcétera— a los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, se aprobó la subida de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales.
Por último, se acordó que la revalorización de las pensiones se realizará según la evolución media del IPC de los últimos 12 meses —este 2025 se verán incrementadas en el 2,8%, siendo la subida de un 6% en las pensiones mínimas y del 9% en las no contributivas—. En 2024 se ha continuado con la reforma a partir de un acuerdo del gobierno con la patronal y los sindicatos.
Por otra parte, se continúa con el proceso de retraso en la edad legal de jubilación, que en 2025 será a los 66 años y seis meses, salvo para los que hayan cotizado 38 años y 6 meses, que podrán jubilarse a los 65 años. El horizonte del retraso en la edad del retiro se alcanzará en 2027, ejercicio en que quedará fijada en 67 años.
Este es el camino a seguir, es decir, la continua adaptación de nuestro sistema profesional de pensiones —prestaciones en función de las cotizaciones—, que utiliza un método financiero de reparto basado en las transferencias intergeneracionales, de tal forma que se asegure la sostenibilidad futura de las pensiones públicas. Desde determinadas plataformas de jubilados se viene reivindicando que se contemple constitucionalmente una revalorización anual de las pensiones que evite las pérdidas de poder adquisitivo que se han producido en las diferentes crisis económicas de este siglo XXI. Bien, “lo que abunda no daña”, siendo lo esencial que la defensa de las pensiones pasa ineludiblemente por garantizar su sostenibilidad.