Nuevo modelo de residencias
La semana pasada se aprobaba al fin el nuevo acuerdo de acreditación y calidad de los centros residenciales y demás servicios sociales del sistema de atención a la dependencia. Las principales entidades del tercer sector relacionada con los cuidados y los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad, han estado trabajando durante más de un año, codo a codo con el gobierno en la mesa de diálogo civil, para diseñar un nuevo modelo de atención a los cuidados más respetuosa con los derechos humanos de las personas mayores. Después del drama vivido durante la pandemia de la covid en la que han perdido la vida más de 60.000 personas mayores y más de 33.000 de residencias, es urgente y necesario revisar un modelo que se ha puesto en evidencia que hace aguas por todas partes. Son muchos los informes recientes que han denunciado la violación de los derechos humanos de las personas mayores durante la pandemia, y no deberíamos olvidar esta tragedia, sino poner todos los medios para que nunca más vuelva a repetirse. Nuestras vidas se componen de recuerdos y la memoria colectiva es fundamental para superar duelos, y aprender de las experiencias vividas. Tenemos un deber moral de no olvidar a estas víctimas, de no olvidar esta historia, y desde esta memoria evitar que circunstancias como las que se han vivido se vuelvan a repetir. Por eso, tenemos que exigir hasta la saciedad un cambio de modelo de cuidados, basado una atención integral centrada en los derechos de las personas y su dignidad. Que garantice un trato ético, humano, donde se respete siempre nuestra voluntad y derecho a decidir.
El acuerdo aprobado la semana pasada entre el gobierno y las CC AA va en esa línea de plantear un nuevo modelo de cuidados, basado en los principios de dignidad y respeto, que personalice la atención y nos asegure que cuando necesitemos cuidados, que todos los necesitaremos algún día, se nos ofrecerán respetando nuestra voluntad y en unas condiciones dignas. Sin sujeciones y con la calidad y la intimidad a la que tenemos derecho. Hay que acabar con la macroresidencias que impiden la convivencia y un trato individual y humanizado. Permitir la vida en comunidad y huir de ubicaciones alejadas de los pueblos y ciudades. Hay que acabar con la precarización de las trabajadoras de las residencias, ampliar las ratios y establecer sistemas de control, inspección y calidad. Hay nueve comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que no han votado por este nuevo acuerdo, aunque lo tendrán que aplicar igualmente al haber sido aprobado por la mayoría. Cuesta trabajo entender los motivos partidistas que han llevado a las comunidades del partido popular y gobiernos nacionalistas a no aprobar este acuerdo de mínimos. Deberían dar explicaciones de su postura y de su negativa a pactar estos mínimos, que se tendrán que implantar en los próximos diez años. No es el momento de hablar de dinero, sino de modelo y de mínimos de atención. Y algunos han preferido defender un modelo de negocio, y abaratar costes. Cuando hablamos de residencias hablamos de derechos y estos deben de ser lo primero y algo irrenunciable. Habrá que estar atento a estos cumplimientos y exigir responsabilidad a la Junta, porque es escandaloso que después de la tragedia que hemos vivido, se mire para otro lado ante la vulneración de derechos de las personas mayores, que por cierto también votan en las elecciones y son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.