Memoria democrática o responsabilidad patrimonial

El Patronato de Protección a la Mujer era una institución creada por el franquismo en 1941, que perduró hasta 1985. Su objetivo era «redimir a la mujer caída y cuidar de la que está en peligro de caer», una forma de nombrar a las prostitutas. Nada nos sorprende ya del período dictatorial en el que se apresaba a una mujer por vivir sola sin supervisión familiar. La nota disonante es que perduró más allá del régimen, alcanzando ocho años en los que nuestro Estado democrático permitió esta represión de género institucional: madres solteras, jóvenes pobres o víctimas de abuso fueron recluidas sin juicio, delito ni defensa. Hubo privación ilegal de libertad, separación de hijos y vulneración de derechos humanos al someterlas a trabajos forzados. Afortunadamente, este 15 de abril, tras décadas de reivindicaciones, se ha admitido a trámite una proposición no de ley en el Congreso para considerar el daño sufrido por muchas víctimas. Ahora bien, la reparación no debe ser solo simbólica sino administrativa y patrimonial, como ya se hizo en Irlanda con las lavanderías de la Magdalena (2013), Australia (2013) y Canadá (2006), donde se incluyeron indemnizaciones, pensiones vitalicias y apoyo psicológico. Porque el perdón sin responsabilidad no es justicia.