Los Servicios Sociales
En setiembre centramos la atención en el nuevo curso. Dejamos atrás el verano olvidando las catástrofes, no solo los incendios sino la situación social de cada persona. Para el rescate y garantía de derechos sociales están los servicios sociales; mal entendidos y criticados porque, como todo lo público, si no se invierte en financiación no se atienden las necesidades reconocidas. Y lo peor es usar la palabra gasto. En las inversiones nadie habla de malas inversiones; se habla de largo plazo. En cambio, el gasto siempre se interpreta como mal gasto. Los servicios prestados en Servicios Sociales son un derecho, no mal gasto. El índice DEC (Derechos, Economía, Cobertura) mide esta inversión. La referencia con 2024 es incómoda en Andalucía. Se dedica el 1,94% de su PIB a Servicios Sociales, frente al 1,76% estatal, pero se queda en un 5,21 de nota, un “medio bajo”. Por los pelos. El peso sobre el PIB cae 0,14 puntos respecto a 2022. Es ilusionismo, datos absolutos destacables para titulares, y caída real de la inversión en los presupuestos. En gasto por habitante es, pese al dato, insuficiente: 512 en 2023, 448 el año 2022, frente a 548 euros de media en España. De cada 100 euros que gastan las administraciones andaluzas, solo 9,85 van a servicios sociales, por debajo del 10,25 estatal. Las décimas y sus grandes consecuencias.
Al mirar la cobertura se complica; en Andalucía, los tiempos de espera para la ayuda a domicilio y dependencia no disminuyen en función de la incorporación de demandantes, pese a los datos comparativos de atención de otras comunidades. Solo un 0,8% de quienes están bajo el umbral de pobreza acceden a rentas mínimas de inserción (6,6% en España), la cobertura de plazas residenciales para mayores es del 4,05% frente al 5,89% estatal. El sistema parece eficaz, pero débil para problemas estructurales. Si Comparamos, el País Vasco invierte 3,03% de su PIB y 714 euros por habitante; Castilla y León, envejecido y disperso, llega a 593 y al 1,99% de su PIB. Hablan de derechos; aquí de notas de prensa. Y luego está Jaén, el pariente incómodo del reparto. En relación a la dependencia se contabilizan 71 residencias de mayores, 28 públicas y 43 privadas, con 4.767 plazas. El mapa de recursos de la Junta confirma la tensión en comarcas donde la red pública es escasa. En paralelo, la Diputación invierte más de 372 millones de presupuesto en 2025, con 110,23 millones para Igualdad y Políticas Sociales. Esfuerzo apreciable que compensa ínfimamente la carencia una estrategia autonómica y estatal.
La broma pesada está en la falta de transparencia. Se publica el PIB provincial y no cuánto se invierte por habitante en servicios sociales en Jaén sumando Junta, Diputación y Ayuntamientos. ¿Qué peso real tiene el porcentaje PIB en el gasto público ejecutado? Menos Pose de transparencia. Se presume de esfuerzo relativo, se flojea en prioridades. Menos trompeta y misterio, más datos verificables. La ciudadanía ya ha esperado suficiente. El interés de la política de “ilusionismo y prestidigitación” busca discutir sobre insultos para titulares, y favorecer que la población entienda que le están dando una buena calidad de vida. Como expresa “El Roto”: “Mantener a la gente en el infierno es sencillo. Solo hay que convencerles de que no hay otro lugar”. No se engañe.
