Juventud y pensiones
Sí, ya sé que se trata de términos antitéticos, es decir, completamente opuestos: juventud y pensiones. Entonces, ¿por qué relacionarlos? Todo me ha surgido a raíz de la lectura de un estudio sobre “Opinión pública y política fiscal” elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se recoge que uno de cada seis jóvenes de entre 25 y 34 años (16,6%) sostiene que se destinan demasiados recursos públicos a las pensiones, siendo esta proporción del 12,5% en el grupo de 18 a 24 años. Intento indagar en las posibles causas que puedan justificar este rechazo y me encuentro con variadas explicaciones. Así, la socióloga Elisa Brey sostiene que el cambio de percepción tiene que ver con “un giro a la derecha entre los más jóvenes”. Para José Ignacio Conde, de Fedea, el recelo de los jóvenes hacia el gasto en pensiones refleja que éstos “se sienten desplazados u olvidados por la política”. Incluso, Fernando Luján, de UGT, dice observar “un mensaje falso y distorsionado sobre el sistema público de pensiones”.
Una vez despertada la curiosidad y algo indignado como pensionista al ver que se cuestiona la cuantía de nuestras pensiones, decidí continuar investigando. En el periódico digital Libre Mercado encuentro un artículo/exabrupto, de Beatriz García, en el que viene a decir que el gobierno no quiere que los jóvenes conozcan la realidad de las pensiones en España, ya que no les quiere decir que no van a cobrar una pensión según lo aportado/cotizado, sino que lo que cobren dependerán de cómo estén las cuentas del sistema cuando llegue el momento. Concluye que “los jóvenes tendrán que trabajar más y tendrán que cotizar más para acabar cobrando menos de lo que les correspondería”.
Comparto que nos preocupemos por la salud, viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones en España, tema del que me he ocupado en anteriores ocasiones en estas páginas. Ahora bien, lo que no admito es que se distorsione la realidad, que se den noticias y argumentaciones falsas, fake news o boutades —si optamos por el inglés o el francés—, para enfangar el panorama y la tranquilidad de los mayores. Creo, como dice el profesor Juan Manuel de Faramiñán, que estamos ante una manifestación más del “edadismo”, que no es sino una forma de estereotipo, prejuicio y discriminación hacia una persona por su edad, frente al que se impone “un cambio de paradigma, que se apoye en las instituciones, con el fin de reivindicar los derechos y el respeto a los mayores” y, en definitiva, no menoscabar la solidaridad intergeneracional.
Ante la desinformación, formación. Les recuerdo que la Seguridad Social española se rige por un sistema profesional en el que “solo las personas afiliadas que han cotizado durante un cierto periodo tienen derecho a las prestaciones”. Las pensiones se rigen por un método financiero o de reparto y se basa en transferencias intergeneracionales, es decir, que “la generación laboralmente activa financia las pensiones de la anterior —ya jubilada— con la expectativa de que la siguiente, a su vez, pagará sus pensiones cuando la actual se jubile”; en definitiva, “se garantiza a los jubilados una pensión equivalente a una cierta proporción de los ingresos previos a la jubilación”. ¿Saben cómo se pagan las pensiones de los actuales jubilados? La respuesta es “con las cotizaciones de los trabajadores en activo”. No, no se pagan con las cotizaciones que los pensionistas pagaron en su día, sino con las aportaciones de los actualmente activos.
En la EPA del III trimestre de 2025 se estimaron un total de 22.387.100 ocupados —cifra récord de la serie histórica— en España, que cotizan al sistema público de pensiones. Asimismo, se ha de aclarar que los déficits del sistema —cuando los hay— se cubren con transferencias del Estado. Por consiguiente, tenemos quien nos pague nuestras pensiones. En suma, si la desinformación genera ansiedad, la formación nos da tranquilidad, pero tal y como sostenía el pasado 21 de julio en Diario JAÉN, me quedaría más sosegado si se garantizara constitucionalmente el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
