¿Hasta cuándo la cita previa?

La pandemia y la nefasta gestión que de ella aquí hicieron nos dejó, además de las secuelas sanitarias conocidas, un vicio grave y pernicioso que ataca a la relación con las administraciones públicas y pone en riesgo nuestra salud constitucional porque constituye un serio límite a los derechos de los ciudadanos. La instauración indiscriminada de la cita previa en normas con vocación de temporalidad cinco años después, mantiene el cierre al público de las oficinas y otorga un supuesto derecho adquirido al funcionario que como tal lo exhibe sin pudor cuando alguien, sin cita, pretende algo por simple que sea. Las leyes de Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico del Sector Público establecieron un marco de garantías para los servicios públicos y las relaciones con aquellas, que quedaron en agua de borrajas por disposiciones excepcionales y de conveniencia que se han convertido en permanentes. El ministro Escrivá, que de esto sabe, prometió hace un año eliminarlas y no lo hizo. La cita obligatoria es un despropósito, una vía de hecho que se opone al interés general, a las leyes y a los artículos 9.3 y 103 de la Constitución por contrarias a una Administración Pública eficaz.