Flagrante corruptela

En materia de vivienda, resulta obsceno que algunos conviertan la necesidad en negocio, olvidando que hablamos de un derecho constitucional. En Alicante aparecen implicados altos cargos del Ayuntamiento —gobernado por el PP—, familiares y técnicos municipales: la concejala de Urbanismo, el arquitecto municipal y allegados de la exdirectora general de Organización Interna. Pisos de protección oficial, concebidos para aliviar la escasez y adjudicarse según renta y necesidad, han ido a parar a quienes debían garantizar limpieza y equidad. Y no acaba ahí. La gestora Faorgi ofrece viviendas por el doble del precio tasado y exige abonar una parte sustancial en “negro” para eludir el control de la Generalitat. Reclama 230.000 euros en escritura y hasta 465.000 en total. Uno de esos pisos, recién entregado y sin señales de uso, formaba parte de una promoción levantada sobre suelo municipal vendido a bajo coste para afrontar la crisis habitacional. La “corruPPción”, el aprovechamiento de lo público, siempre anda al acecho en los partidos políticos, pero en unos más que en otros, y no les digo en cuál más. Como no nos esmeremos en las exigencias al contratar servidores del Estado, casos como estos seguirán surgiendo por doquier.