Es cosa de dos

Una vez más nos vemos envueltos en la triste realidad de la corrupción política, el dinero de todos acaba en los bolsillos de algunos desalmados. Esto es algo que afecta, en mayor o menor medida, a la mayoría de los partidos que gobiernan, ya que hay personas que se acercan a la política para obtener un beneficio propio. El problema es que los mecanismos que deberían detectar estas infracciones o no se han establecido dentro de los partidos y las administraciones o no están funcionando. Por otra parte, hay cierta sensación de impunidad, pues los casos de corrupción no siempre pasan factura electoral ni las penas judiciales son lo severas que deberían, incluso se producen indultos. Además, en este proceso interviene otro factor: las empresas que ofrecen el dinero a cambio de obtener contratos públicos. Si nos fijamos, la mayoría son las mismas que ya intervinieron en corruptelas anteriores, sin embargo, siguen obteniendo adjudicaciones. ¿No se puede establecer una norma que prohíba esto? Si las acciones de soborno que realizan los directivos de estas grandes compañías no tienen consecuencias penales, ¿qué les impide ofrecer mordidas en el futuro? Es penoso que una sociedad democrática como la nuestra siga permitiendo que la corrupción campe a sus anchas.