El precio
de la luz

Cada vez que llega el recibo de la electricidad, sabemos que pagamos de más. El sistema con el que se fija el precio de la luz responde a un diseño con claras consecuencias políticas y sociales. El mercado eléctrico funciona con un mecanismo marginalista: las distintas tecnologías ofertan su energía y el precio final lo fija la última necesaria para cubrir la demanda; en los momentos de tensión energética, es el gas —una fuente cara y muy dependiente de la geopolítica—. El resultado es que las centrales que producen a costes bajos —hidráulicas amortizadas, nucleares antiguas o renovables con costes muy bajos— cobran el precio que marca la tecnología más cara. Así, aunque el gas represente una parte limitada del mix eléctrico, puede determinar el precio de toda la electricidad. Este modelo tiene una fecha de origen clara en España: la liberalización energética de 1997, impulsada en pleno ciclo de desregulación económica y bajo fuertes presiones del lobby eléctrico. Desde entonces, ningún gobierno ha abordado una reforma profunda del sistema. Se han introducido medidas temporales, rebajas fiscales o excepciones puntuales, pero el núcleo del mecanismo sigue intacto. En la factura energética se aplica el IVA, el impuesto eléctrico o el de hidrocarburos, más otro adicional. Más que bajar impuestos, se ha de cambiar el modelo.