Contra la desigualdad

Pese al avance en la regulación del teletrabajo en el sector privado, el sector público en su conjunto necesita una normativa urgente concreta, que dé seguridad a sus plantillas y fije horarios de trabajo, ubicaciones, medios informáticos, mecanismos de selección de personal y derecho a la desconexión digital, entre otros.

Hace falta además un análisis de situación con perspectiva de género y medidas para evitar que el teletrabajo se convierta en una vía para que las mujeres se encarguen aún más de las tareas del hogar o del cuidado de dependientes, limitando su promoción profesional.

El teletrabajo impulsa la conciliación, pero en ningún caso puede ser una barrera que provoque más desigualdad.

Hay más mujeres que hombres que teletrabajan. En concreto, en la Administración General del Estado, las mujeres que tienen mayores a su cargo duplica a la de los hombres (818 mujeres frente a 403 hombres), mientras que la situación es muy similar en el caso de las que trabajan a distancia y tienen a su cargo menores de 14 años (5.480 mujeres frente a 3.332 hombres).

Del total de las 44.300 personas teletrabajando ahora en la AGE, 25.030 son mujeres y 19.262 son hombres.