Bien atado

El nombramiento de los miembros de tres tribunales clave: el Supremo, el Constitucional y el de Cuentas, dependen del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde enero de 2018. A mí, como andaluza, me preocupa que debido a una sentencia dictada por tres de cinco magistrados del Supremo, un presidente del ejecutivo andaluz y varios ex altos cargos de los gobiernos socialistas de la Junta, ninguno de los cuales se ha llevado un solo euro, vayan a entrar en la cárcel porque “no pudieron dejar de saber” que la Administración andaluza actuaba conforme a normas aprobadas por los legítimos representantes del pueblo andaluz a través de su Parlamento. Sobre todo cuando dos de los cinco magistrados afirmaron que este castigo se basaba en “una mera especulación” sin “prueba seria y sólida” y que suponía un “sorprendente y significativo salto al vacío”. Por tanto, me inquieta el gravísimo precedente que significa la subordinación de la actividad del poder legislativo andaluz en su función primordial, a un órgano del poder judicial carente de legitimidad para enjuiciar a otro poder soberano. Pero me alarma aún más pensar que todavía puedan quedar poderes del Estado atados y bien atados.