Agenda para la reconstrucción
En el último artículo exponía las razones por las que en mi opinión, la comisión de reconstrucción debía considerar y priorizar las propuestas provenientes del sector social para paliar las consecuencias de la crisis de la covid. Lamentablemente esto no solo no se ha producido, sino que estas han sido las únicas propuestas que se han quedado sobre la mesa y no se han aprobado en el Congreso.
El objeto de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica era precisamente acordar medidas entre los principales actores sociales que nos permitan salir de la crisis lo antes posible y de la mejor manera, para no dejar a nadie atrás. Se crearon para ello cuatro grupos de trabajo: políticas sociales y sistemas de cuidados, Unión Europea, reactivación económica y sanidad y salud pública. El Congreso aprobó las conclusiones de la comisión, salvo las del grupo social. La razón ha sido que el PP y Ciudadanos exigían que se incluyera más apoyo a la educación concertada y la educación especial, algo que ni está en la agenda educativa ni tiene nada que ver con la crisis de la covid. Además de la decepción ciudadana que genera esta falta de acuerdos en asuntos de vital importancia para los colectivo más vulnerables, resulta evidente que hay una divergencia de intereses siempre que se aborda la agenda social. Esta falta de voluntad en los consensos provoca un desgaste en los servicios públicos del estado del bienestar evidente.
En el borrador de conclusiones que no se han aprobado, se incluían propuestas encaminadas a fortalecer los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas y los servicios sociales y medidas para asegurar la financiación de las políticas públicas. También se proponía una revisión del modelo de cuidados. Este nuevo modelo de cuidados que permitiría el reparto del trabajo, que actualmente recae sobre las mujeres, y supondría la puesta en marcha de un sector de actividad generador de empleo. Este modelo requiere un debate y propuestas de mayor calado, pero estábamos esperanzados en que estas primeras medidas fueran un primer paso hacia el cambio de modelo, que tiene que permitir no solo que todo el mundo viva dignamente cuando requiere de cuidados, sino que estos sean suficientemente valorados y cuantificados por el sistema económico. El Ministerio de Derechos Sociales ha creado un grupo de trabajo para analizar el modelo de residencias, esperemos que sea participativo, que cuente con la opinión de las entidades sociales y de las personas mayores y que se adopten cambios interesantes en este sentido. Ante los rebrotes confiamos además en que las administraciones aprendan de la experiencia y se prioricen planes de contingencia para organizar y planificar con antelación las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores y no volvamos a vivir las situaciones de discriminación y abandono que hemos vivido este año. Si no queremos que esta nueva crisis se convierta en un atentado mortal para la cohesión social, tendremos que estar atentos a los servicios públicos y las políticas de garantía de rentas. Como señaló en su visita a España el relator especial sobre pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, la erradicación de la pobreza es una opción política. Evitar que la pobreza no crezca es una tarea urgente que requiere de acuerdos políticos necesarios. Por eso los hechos relatados son graves.