El Defensor andaluz pone orden en una comunidad de vecinos

Situación difícil para los inquilinos de una comunidad de vecinos de la ciudad. En 2018 se registró una petición en el Comisionado del Parlamento de Andalucía en la que se exponía el mal estado de conservación y mantenimiento en el que se encontraba el edificio. A eso se le incluía el gran número de morosos que no abonaban las cuotas mensuales. Casi dos años después, el Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, remite su dictamen a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), propietaria del edificio.

En la petición se indicaban los problemas que presentaba el edificio. El calderín de las bombas que suministraban el agua del bloque había reventado y tuvieron que cortar el suministro de agua. El problema se agravó, ya que la tubería general de las bombas al cuadro de contadores también se rompió. Estaba podrido después de llevar 45 años bajo tierra junto a una arqueta de Endesa, que se inundaba frecuentemente. Los vecinos, dado el problema, decidieron dar solo una hora de agua por la mañana y otra por la tarde de forma manual. Aun así, por la rotura se perdía mucha agua y el agua subía a las viviendas con barro. La respuesta que recibían de AVRA era que la petición estaba en estudio. A esto se le sumaba el estado de los ascensores, con averías frecuentes y con necesidad de una reparación general. El 27 de abril del pasado año fue emitido informe técnico en el que se propuso una actuación consistente en la sustitución de la canalización existente por otra nueva, con reposición de solera y solería, así como el cambio del calderín deteriorado. A la fecha de emisión de este informe, AVRA tramitaba el expediente de contratación de esos trabajos. No obstante, la agencia indicó que la revisión de los ascensores no les correspondía, sino que era la comunidad de vecinos la que debía hacerse cargo de este mantenimiento.

La resolución de este caso formula obliga a la agencia dependiente de la Junta, como titular de las viviendas ocupadas en régimen de arrendamiento, a que actúe para que la comunidad del edificio de viviendas cumpla con sus obligaciones de pago de la renta y de la cuota de comunidad. En este sentido, AVRA debe abonar directamente las cuotas que se deban de los pisos habitados sin título legal hasta que se proceda a su regularización, con independencia de que con posterioridad pueda ejercitar contra unos y otros las acciones legales que procedan. La resolución establece que se valoren las reparaciones reclamadas por los inquilinos —sobre todo la reparación de los ascensores y el cambio del calderín deteriorado—. El Defensor insta a que se realice una intervención social con los inquilinos encaminada a que contribuyan de forma adecuada al sostenimiento de los servicios y elementos comunes a fin de contribuir a que las viviendas de este inmueble tengan el carácter de dignas y adecuadas como características integrantes del derecho a la vivienda.