Un perito “tumba” la defensa del acusado de vender tabaco ilegal

Cuando la figura del profesor Andrés Rodríguez, un prestigioso experto tributario, entró en la sala de vistas de la Audiencia, los abogados comenzaron a ordenar papeles. Una señal inequívoca de que la persona que acababa de ponerse delante del tribunal para declarar como perito es una pieza clave en el juicio de la operación “Picado”. Su testimonio fue un torpedo a la línea de defensa del empresario madrileño Javier S. M., el dueño de la sociedad Altersana y el único acusado por uno de los mayores golpes al contrabando de tabaco asestados en España en los últimos años. El informe de Andrés Rodríguez fue contundente, casi demoledor. Dejó muy claro que las más de 41 toneladas de mercancía decomisadas en las naves del procesado eran labores de tabaco y, por lo tanto, estaban sujetas al pago de impuestos especiales. En términos coloquiales, esa es la madre del cordero en este caso. La defensa del empresario acusado sostiene que su cliente era un simple intermediario, es decir, compraba tabaco en crudo y lo revendía al por mayor, algo que sí está permitido por la ley. Sin embargo, el profesor Rodríguez entiende todo lo contrario, es decir, a esa hoja de tabaco se le hacía una primera manipulación en las instalaciones de Javier S. M. para poder venderlo a consumidores y ser fumado. Hay que recordar que ese producto es monopolio del Estado y solo se puede vender en los estancos. Ese primer “proceso industrial” se hacía con una máquina descompactadora que la Guardia Civil intervino en la nave de Fuenlabrada cuando culminó la operación “Picado”, en noviembre de 2015. “Lo que se hacía cortar la hoja”, describió el perito. “Ese producto ya tendría que pagar impuestos especiales”, añadió.

El perito, además, fue más allá. Con un tono didáctico y sosegado, explicó al tribunal que la empresa empaquetaba esa “labor de tabaco” en bolsas de un kilo que vendía a minoristas, que las compraban a través de internet o por teléfono: “Llegó a realizar unos 100 envíos diarios de media”, explicó. El experto aseguró que la empresa Altersana compró 800.000 toneladas de hoja de tabaco y vendió unos 500.000 kilos. Según sus cálculos, el margen de beneficios era de más del 220 por ciento: “El negocio iba viento en popa”, llegó a decir. Para apuntalar su tesis de que el producto estaba destinado al consumo humano, destacó que la Guardia Civil encontró aromas en la sede de la empresa, ofrecía máquinas en su web y publicaba tutoriales sobre cómo liar cigarros.

Tras la sesión de ayer, el juicio quedó visto para sentencia. El fiscal elevó a definitiva su calificación de los hechos, es decir, acusó a Javier S. M. de un delito de contrabando y dos delitos contra la Hacienda Pública. En total, reclama nueve años y medio de cárcel y multas que suman 207 millones de euros.