Primer juicio por cultivos protegidos por patente

El dueño de un vivero ubicado en Huelma tendrá el dudoso honor de ser el acusado en el primer juicio que se celebre en la provincia por el cultivo de plantas protegidas por patentes. La Fiscalía reclama una condena de un año y medio de cárcel para E. M. C., al que la Guardia Civil de Jaén decomisó unos 90.000 almendros pertenecientes a variedades registradas que, presuntamente, no podía producir. Tendrá que responder por un delito contra la propiedad industrial. La Comandancia cifró el valor de la mercancía intervenida en más de 430.000 euros.

La investigación del Seprona arrancó el 17 de noviembre de 2016, cuando los agentes tomaron muestras de numerosos almendros que se cultivaban en el vivero. Fueron sometidos a diversos análisis que, según el Ministerio Público, confirmaron que pertenecían a especies protegidas. Se trata de variedades desarrolladas en laboratorios y que tienen características especiales como mayor producción, más resistencia a las enfermedades y a las inclemencias meteorológicas o menos necesidad de agua, entre otras virtudes.

Por ley, los organismos públicos que desarrollan esas patentes tienen cedidos a un único vivero en un contrato de exclusividad los derechos de obtención vegetal de cada una de esas especies. En principio, solo quien tenga la concesión puede reproducirlos. Lo que, presuntamente, se hacía en el vivero de Huelma era cultivar “sin permiso y sin consentimiento de los titulares” los plantones de almendros pertenecientes a variedades protegidas por las patentes correspondientes. En el vivero se decomisaron 90.000 plantas de las variedades “Diamar”, “Soleta”, “Constantí”, “Marta” y “Vairo”. Fueron analizadas por laboratorios especializados del Centro de Investigaciones y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y del Servicio de Análisis Genéticos del Centro de Investigación en Agrigenómica de Barcelona. El objetivo era certificar que se trataba efectivamente de las variedades protegidas.

Uno de las empresas afectadas por el supuesto plagio ha cifrado los perjuicios en 132.580 euros, mientras que hay otras dos sociedades supuestamente perjudicadas que no han tasado los daños ocasionados por esta práctica. En principio, el acusado, que carece de antecedentes, niega todos los cargos y su defensa solicita la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.