Primer juicio contra el “chófer de la coca” por fraude fiscal

Rafael Abolafia

El iliturgitano Juan Francisco Trujillo Blanco, el conocido como “chófer de la coca” en el caso de los ERE fraudulentos, se sentará en el banquillo la próxima semana. Está acusado de un delito contra la Hacienda Pública. Presuntamente, no declaró una subvención concedida por la Junta de Andalucía y defraudó unos 165.000 euros. Este caso, investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Andújar, destapó las escandalosas irregularidades cometidas, supuestamente, por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que fue jefe de Trujillo durante ocho años, de 2002 hasta el año 2010.

Y es que cuando la Policía Nacional de Jaén interrogó al chófer en su casa de la pedanía iliturgitana de Llanos del Sotillo, soltó la “bomba” de que parte del dinero de las subvenciones recibidas se las habían gastado en cocaína, fiestas y regalos para el propio Guerrero. Trujillo Blanco y Guerrero llegaron a estar en prisión preventiva por estos hechos por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Para entender el caso hay que retrotraerse a diciembre de 2011, cuando nadie sabía quién era Juan Francisco Trujillo. La Policía investigaba un caso de venta de facturas falsas y, en ese marco, surgió el nombre de este vecino de Andújar de 51 años en su faceta de empresario. A su nombre tenía, nada más y nada menos, que cinco sociedades. En las pesquisas los investigadores descubren que fue chófer de altos cargos de la Junta, en concreto, de Francisco Javier Guerrero, hasta entonces principal imputado en el caso de los ERE. Es ahí donde los policías de la UDEV se dan cuenta de que tienen una “bomba” en la mano. Trujillo, además, “tiró de la manta”. Describió cómo su jefe le señalizó el camino para crear empresas y recibir subvenciones “sin necesidad de justificar nada”. Recibió dos ayudas de 450.000 euros para sociedades que nunca funcionaron. Y en su declaración judicial, añadió que le hizo entrega a Guerrero de “entre 40.000 y 60.000 euros, además de regalos”.

Además, y según el fiscal, al chófer no declaró a Hacienda una de estas subvenciones, que debía constar en el apartado de ingresos. Del mismo modo, Trujillo, presuntamente, aumentó el importe de los gastos. El Ministerio Público sostiene que defraudó unos 165.000 euros a las arcas públicas. Cuando la Agencia Tributaria le pidió explicaciones, el acusado dejó de acudir a diversas citas “injustificadamente”. Por ello, tendrá que responder por un delito contra la Hacienda Pública, por el que el fiscal le reclama dos años y seis meses de prisión y una multa de 990.000 euros. Además, también reclama que devuelva la cantidad defraudada, es decir, 165.000 euros. El juicio se celebrará la próxima semana en un juzgado de lo Penal de Jaén.

No es el único caso que el conocido como “chófer de la coca” tiene pendiente por hechos similares. La Fiscalía le pidió 4 años de cárcel por otro fraude al fisco, esta vez en el Impuesto de Sociedades del Año 2005. Presuntamente, dejó de ingresar en las arcas públicas más de 150.000 euros.