“No podía permitir que la gente pasara fatigas teniendo el dinero”

A José Cazalla, el que fuera alcalde socialista de Jamilena entre 2003 y 2011, se le acusa de “desviar” 440.000 euros que el Ayuntamiento recibió como subvención para la construcción de una guardería. En el banquillo, también se sentaron dos de sus concejales, el de Urbanismo y el tesorero. Según la Fiscalía, utilizaron ese dinero público para otros fines distintos a los que fue concedido. Ante el tribunal de la Audiencia, el exregidor municipal reconoció parte de los hechos, si bien rechazó haber cometido delito alguno: “Nadie se llevó el dinero. Vino una época mala y hubo que destinarlo a otras cosas”, explicó, para referirse al pago de nóminas y de deudas contraídas con proveedores municipales. Y aclaró: “Llegó el dinero y no podíamos permitir que hubiera gente pasando fatigas o empresas del pueblo que lo estaban pasando muy mal y que podían cerrar si no pagábamos lo que debíamos”.

Según José Cazalla, decidió atender el principio de caja única y destinar a gastos corrientes las subvenciones concedidas específicamente para la construcción de la guardería. En este punto, aseguró que su intención era reponer el dinero con otros ingresos y terminar la guardería. “Teníamos de plazo hasta diciembre de 2012”, recordó. Sin embargo, no pudo culminar los planes. En las municipales de 2011, perdió la Alcaldía: “Ellos (en referencia al nuevo equipo de Gobierno del PP) prefirieron abandonar el proyecto y denunciarme por rencor”, explicó. El actual alcalde, Crispín Colmenero, que fue quien presentó la denuncia, escuchaba la declaración desde el público.

Los otros dos acusados declararon que no controlaban el dinero que salía o entraba en el Ayuntamiento de Jamilena. El exconcejal de Urbanismo también se refirió a que tenían intención de terminar las obras en tiempo y forma: “Para terminar una calle solo le faltaba echar cien metros de baldosas en quince días. Se hubiera terminado si los que entraron no hubieran sido tan torpes”, indicó.

Inicialmente, la Fiscalía reclamaba diez años de cárcel para cada uno de los procesados por dos delitos de malversación de caudales públicos. Sin embargo, la representante del Ministerio Público modificó sus conclusiones y acusó a los tres de un único delito de fraude en las subvenciones, por los que pidió un año de prisión y que devolvieran al Ayuntamiento los 440.000 euros de las subvenciones. La acusación particular, ejercida por el Consistorio, fue mucho más severa en sus peticiones de castigo. También acusó al exalcalde y a los dos exconcejales de dos delitos de fraude en las subvenciones y pidió seis años de cárcel, más multas que superan los tres millones de euros.