Miguel Contreras repite que la permuta fue “plenamente legal”
El exconcejal de Hacienda expresa su deseo de colaborar con la Justicia
Delante de sí, sobre la mesa de la sala de prensa del Ayuntamiento, un tocho de folios captaba la mirada. Podría haber sido el volumen de cuentas de la liquidación del presupuesto municipal de 2015, sobre el que el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, hizo “matizaciones” al PSOE. Pero lo que Miguel Contreras tenía ante sí eran los “570 folios” que integran el expediente de la permuta que el Ayuntamiento formalizó, en mayo de 2015, para adquirir el local que sirve de sede a la asociación de vecinos Pilar del Arrabalejo a cambio de 2.474,98 metros cuadrados junto a la glorieta de acceso al Polígono de los Olivares. Un proceso en el que la Fiscalía ve indicios de fraude a la Administración y por el que pide al juez que llame a comparecer al exedil de Hacienda en la condición de investigado, lo que, hasta hace un año, en el argot judicial, quería decir imputado, además de al empresario D. M. C. y al técnico municipal de Inventario de Bienes de Naturaleza Urbana. Adelantándose a las preguntas que adivinaba en los periodistas, Contreras expresó su “total disponibilidad, predisposición y deseo de colaborar con la Justicia” para esclarecer dudas, si bien apuntó que habrá que ver “si el juez abre diligencias previas y a quién llama” a declarar.
Dicho esto, el ahora edil de Personal mostró su “total tranquilidad”: “El expediente se ajusta a la legalidad al 100%”. Reconoció que la permuta de bienes debe ser una excepción, como contempla el reglamento, pero justificó la “excepcionalidad” de este caso en la situación económica y financiera del Ayuntamiento. Explicó que se estaba “impagando el arrendamiento de la sede vecinal”, que “el particular” ofreció su venta y, ante la incapacidad de comprarla, porque hubiera supuesto hacer una inversión para la que la entidad local está imposibilitada, se recurrió a la figura de la permuta.
“Ningún informe técnico objetó la excepcionalidad”, añadió Contreras, que, en cuanto a la sorpresa que confiesa el fiscal por el valor que se dio al local de la sede vecinal (230.307,41 euros cuando el empresario “interesado” en los terrenos la había adquirido por 150.000 euros), se defendió: “Este concejal puede hacer valoraciones políticas, pero estoy incapacitado para hacer [valoraciones] técnicas. No voy a entrar en si era alta, baja o no se correspondía con el mercado inmobiliario (como esgrime el fiscal)”.
Contreras insistió en que el proceso de permuta fue “plenamente legal y transparente”. Y recalcó: “Habremos cometido errores, pero creemos que no hemos cometido ningún delito para intentar mantener a flote este Ayuntamiento”. Acerca de su futuro como concejal del Ayuntamiento, algo que IU le instó en un comunicado a replantearse y ayer mismo el PSOE pidió su dimisión ante la “gravedad política” que observa en los hechos, Miguel Contreras se mostró reacio a “hablar de futuribles”. No obstante, aseguró: “Conforme vayan pasando los acontecimientos, seguiré dando la cara. Presidente del Gobierno no quiero ser”.
¿Cuánto cuesta la recogida de basura? Es una pregunta recurrente que el edil de Hacienda, Manuel Bonilla, trató de aclarar ayer, negando los sobrecostes millonarios que aduce el PSOE. Señaló que el montante oscila entre los 15 y los 16 millones y avanzó que el nuevo pliego de condiciones, que dijo que ya está en Intervención para su fiscalización, lo cuantifica en 13,3 millones (IVA incluido). A ello habría que sumar el uso del vertedero comarcal, que la Diputación cuantifica en unos 2 o 2,2 millones. El resultado sería un coste similar al actual, apuntó. En cuanto a la negociación con la Administración provincial, resaltó: “Nos pide garantías de pago y las tiene”. Insistió en la división de la tasa, una medida que —ejemplificó— “funciona a la perfección” en Granada.
Dentro del plan de control tributario que “está en marcha” en el Ayuntamiento para mejorar la recaudación municipal —se pierde un 28%, según los datos de la liquidación de 2015—, Manuel Bonilla avanzó que se reforzará la unidad de inspección tributaria, que —señaló— “no está suficientemente dotada”, y apuntó: “Estamos barajando adherirnos al convenio de la Agencia Tributaria para cederle [la gestión] la parte más cuantiosa de la vía ejecutiva”. Comentó que la “otra vía” para mejorar la recaudación será fomentando la domiciliación bancaria. Es decir, la vía voluntaria.
En cuanto a la gestión y recaudación de las multas, donde el Ayuntamiento apenas ingresó una tercera parte de los 900.000 euros que había presupuestado, el concejal de Hacienda señaló: “Estamos analizando dónde puede estar el problema porque el porcentaje de cobro de la gestión que realiza Vialine respecto a cuando la llevaba la Diputación es el mismo”. Apuntó a las “complicaciones al inicio del contrato”, en que el multacar estuvo estropeado y a que hay menos agentes de Policía Local. No obstante, dijo creer que este año se recaudará más.